Hacienda negocia con Junts el apoyo a los presupuestos

Los documentos para cerrar un acuerdo de investidura siguen circulando entre los negociadores de Moncloa y del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont. El texto aprobado el viernes pasado por el Parlamento catalán, y que condiciona el pacto a que Pedro Sánchez «trabaje por el referéndum», no ha frenado que la negociación siga adelante y centrada en el borrón y cuenta nueva respecto a los procedimientos judiciales derivados del «procés».

De hecho, el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y dirigentes de Junts, y su entorno, sitúan la posible investidura de Pedro Sánchez en noviembre. Aunque Moncloa ha utilizado el debate de la semana pasada de Alberto Núñez Feijóo como candidato para difundir entre los medios la idea de que la investidura de Sánchez se celebrará de manera exprés, y que incluso podría ser antes de la jura de la Constitución de la Princesa Leonor el día 31 en el Congreso. Esta versión no coincide con lo que traslada la otra parte de la negociación.

Moncloa está intentando compensar el desgaste de la amnistía con un acuerdo que garantice cierta estabilidad (incluyendo presupuestos, por ejemplo). Y, por eso, se han abierto contactos entre Hacienda y Junts para buscar un arreglo que incluya el intercambio de financiación y competencias para Cataluña a cambio de presupuestos para Sánchez. Pero la variable de las elecciones vascas de 2024 podría complicar este escenario: los nacionalistas vascos necesitan ir marcando distancias con el PSOE en Madrid para recuperar terreno frente al PSE en Euskadi. Ahora gobiernan en Ajuria Enea con el apoyo de los socialistas, y no pueden tampoco seguir ligados a la política de izquierdas de Sumar y de Yolanda Díaz.

De los «papeles» que circulan entre Waterloo y Moncloa se infieren cuáles están siendo los principales escollos de la negociación en marcha. Para los socialistas va a ser muy duro presentar ante la opinión pública esta cesión, por más que hayan activado la maquinaria de la «pedagogía» entre los ciudadanos con los ministros en funciones y con Ferraz como agentes activos de esta labor de explicación. Por eso para Moncloa es muy importante cómo queda redactada la exposición de motivos de la nueva ley: ellos quieren justificar esta polémica decisión en el mantra de la reconciliación y el reencuentro, pero el independentismo no está de acuerdo con esta forma de enfocarlo. Para ellos debe quedar claro que supone la aceptación por parte del Estado español de que las actuaciones judiciales que acompañaron al «procés» fueron una extralimitación política de un Estado «represor». No se perdonan delitos, sino que esos delitos no existieron.

Moncloa también está encontrando un serio obstáculo en la exigencia de la mediación. Desde el primer momento Puigdemont puso esta condición encima de la mesa y, según los papeles que se han hecho circular, no renuncia a ella porque está escarmentado de lo que ocurrió en la pasada legislatura. El PNV, además, ha alentado esta desconfianza hacia Sánchez porque ellos también sienten que han sido engañados. Puigdemont teme que los compromisos de Sánchez para sacar adelante la investidura se queden en papel mojado una vez que el hoy presidente en funciones se vuelva a instalar en Moncloa. Pero es que, asimismo, la idea del mediador abunda en el mismo objetivo que la imposición del uso de las lenguas cooficiales en el Congreso y la promoción de las mismas en Europa, es una manera muy simbólica de insistir en la plurinacionalidad y en que hay un debate de Nación a Nación, la española y la catalana.

Sobre el referéndum de autodeterminación, las dos partes, también Puigdemont, saben que no puede entrar dentro de las cesiones expresas y concretas que firme Sánchez, pero a Puigdemont, según explican desde Junts, podría bastarle con una referencia ambigua que deje abierta la puerta a ponerlo encima de la mesa en el futuro. El tema es encontrar una redacción que permita salvar la cara a las dos partes.

Otro punto muy relevante en la discusión, según los documentos intercambiados, es el que afecta al marco temporal de la ley y de los delitos «perdonados», tanto en sus efectos penales como administrativos, es decir, inhabilitaciones y multas económicas. En Junts apelan a este punto para defender que pese al ruido creciente, las interferencias de ERC, y la presión de la derecha, Puigdemont no puede desaprovechar esta oportunidad ya que «son centenares los cargos pendientes de una solución, y no le perdonarán haberles dejado tirados». En este capítulo, es clave qué pasa en concreto con Puigdemont y con su futuro judicial y político.

La sombra del Tribunal Supremo está muy presente en la redacción de la amnistía. En el entorno de Sánchez creen que el Alto Tribunal, «en manos de la derecha», intentarán todo lo posible por hacer una interpretación de la ley contraria al sentido que ellos quieren darle, como ya ocurrió con la malversación. Y Puigdemont también tiene muy presente este precedente a la hora de fijar los términos del pacto.

ERC pasa por un momento político muy complicado y a esto atribuyen en Moncloa «sus interferencias» para dificultar la negociación. Tras la salida de Junts del Ejecutivo, están sometidos al yugo del PSC, que lidera las encuestas electorales, y de los comunes. ERC perdió mas del 60 por ciento de los puntos que sometió a votación en el debate de política general que se celebró la semana pasada en el Parlament. En Junts sospechan que están intentando poner piedras a la negociación con la expectativa de que unas nuevas elecciones pudieran servir para que el PSOE mejore en algo resultados y no necesite a Carles Puigdemont: ERC no puede aparecer como responsable de la ruptura, igual que le ocurre al PNV.