La Agencia Tributaria ha reclamado a la Audiencia Nacional que le permita suspender la inspección tributaria que está desarrollando contra los principales miembros de la cúpula de Madeira Invest Club (MIC) hasta que resuelva su instrucción sobre la presunta macroestafa contra cientos de antiguos inversores.

Este 'chiringuito financiero', como lo calificó la CNMV, es del que salieron los 100.000 que Alvise admitió haber cobrado y que el Tribunal Supremo investiga si pudo usar para financiar ilegalmente su campaña de las últimas europeas.

La investigación fiscal analiza si el líder del entramado, Álvaro Romillo, sus principales colaboradores y las sociedades vinculadas al MIC han cumplido con sus obligaciones tributarias.

Hacienda indaga, concretamente, en si Romillo ha pagado durante los años 2022 y 2023 los impuestos que le correspondían de IRPF, de la renta de no residentes, el Impuesto temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas y el de Patrimonio. Además, del IVA en los últimos tres ejercicios anuales.

"En virtud de la posible relación de los hechos que están siendo objeto de comprobaciones administrativas con actuaciones judiciales en el ámbito penal se considera que concurren circunstancias de prejudicialidad penal que permitirían suspender los procedimientos inspectores", se plantea, exactamente, en el escrito remitido al juez José Luis Calama al que ha tenido acceso LA RAZÓN.

Reclama suspender los procedimientos inspectores contra Romillo; su pareja, Mihaela Munteanu; tres colaboradores y cinco mercantiles vinculadas a MIC. Principalmente, lo que se busca es evitar "duplicidades" entre el procedimiento penal y el fiscal.

Ahora, el Juzgado Central de Instrucción número 4 tendrá que resolver si aprueba que se suspendan provisionalmente esas actuaciones o si interesa que sigan adelante.