Nueva estrategia de Marlaska: asfixiar a las plantillas policiales de Andalucía y Galicia

Las Unidades Adscritas de Policía Nacional a las comunidades autónomas viven su peor época, con un mínimo histórico de efectivos que tiene a Andalucía y Galicia como las principales víctimas de una estrategia, la del Ministerio del Interior, que impide convocar la provisión de puestos de trabajo mediante los procedimientos previstos en la norma bajo la excusa de que antes de acometer ese reforzamiento es necesario firmar convenios que llevan años paralizados.

Según informa la CEP, de las 1.875 vacantes que existen en Policía Nacional para las Unidades Adscritas a la Junta de Andalucía, la Xunta de Galicia, la Comunidad Valenciana y Aragón sólo están cubiertas, con cifras actualizadas a julio de este año, poco más del 68%. Desde el 1 de enero de 2019 y hasta la fecha el porcentaje de agentes destinados en esas unidades se ha desplomado 8,6 puntos, pasando de los más de 1.500 efectivos a los actuales 1.278.

Estos mínimos históricos afectan al ejercicio de las competencias que esas Comunidades Autónomas, al amparo de lo previsto en el artículo 47 de la Ley Orgánica 2/1986 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad sobre adscripción de unidades de Policía Nacional a aquéllas, ejercen en cuanto a protección de edificios y autoridades, aplicación de normativa autonómica, inspección en el ámbito sancionador administrativo o incluso, en colaboración con otros Cuerpos, en lo relativo a la vigilancia de espacios públicos, participación en funciones de Policía Judicial, protección de colectivos vulnerables víctimas de delitos o auxilio al ciudadano.

La pérdida de efectivos, que se ha convertido en algo crónico, tiene su origen en la negativa del Ministerio del Interior a convocar las vacantes en las Unidades Adscritas más afectadas por el descenso en el número de policías destinados en ellas. Pese a que desde la Junta de Andalucía y la Xunta de Galicia se viene reclamando al Gobierno central medidas urgentes para frenar esta sangría de policías, Interior se agarra a que es necesario firmar antes un convenio que debe ser negociado y cuya concreción nunca llega, más allá de su mera invocación cuando los consejeros de Interior se quejan de esta situación.

Así, en el caso de la Junta de Andalucía su Unidad Adscrita de Policía Nacional, que tiene 725 efectivos potenciales, se encuentra en mínimos históricos. Con 383 agentes en la actualidad, llegó a tener casi 600 en 2013. Interior y esa Comunidad Autónoma firmaron diversos convenios para dar cobertura jurídica a esa unidad, creada formalmente mediante Orden Ministerial de 31 de agosto de 1993, hasta que el último de ellos caducó, en diciembre de 2010.

En cuanto a la Unidad Adscrita a la Xunta de Galicia, sus 351 agentes, sobre un potencial de recursos humanos de 500 efectivos, dan también una idea muy certera sobre su precariedad. En este sentido, en 2013 llegó a tener más de 460 agentes destinados en ella. Se da la circunstancia de que, como en el caso de Andalucía, el primer convenio firmado entre Interior y esa Comunidad Autónoma, de octubre de 1990, fue sucesivamente renovado hasta que su última versión, de 2005, caducó en 2008.

En cuanto a las otras dos Unidades Adscritas de Policía Nacional, la de la Comunidad Valenciana tiene un convenio que caducó en septiembre de 2022 y en la actualidad tiene poco más de 400 efectivos, de los 500 contemplados como tope máximo; y en cuanto a Aragón, su Ejecutivo e Interior firmaron el último convenio en 2009 con una duración indefinida y que no se ha adaptado a las obligaciones de la Ley 40/2015.