José Antonio Griñán: en polémica absolución

La sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que anula las condenas de los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán en el escándalo de los ERE, ha provocado un cisma dentro del propio TC y una gran polémica en medios jurídicos con la desautorización del Tribunal Supremo y la Audiencia Provincial de Sevilla. En concreto, la absolución de Griñán, por cuyo amparo el TC le anula la condena de seis años de cárcel por un delito de malversación, ha tenido una contundente respuesta con los votos particulares de los cuatro magistrados conservadores, Enrique Arnaldo, César Tolosa, Ricardo Enríquez y Concepción Espejel. Especialmente dura se muestra esta última al señalar que Griñán permitió «la gestión libérrima de los fondos públicos al margen de todo control». La magistrada conservadora denuncia que, primero como consejero de Economía y Hacienda, y después, como presidente de la Junta andaluza, gozaba de «una situación privilegiada» para conocer el destino de los fondos públicos. Espejel asegura que la decisión del TC, adoptada por los siete magistrados progresistas, «da cobertura a una trama criminal». La minoría conservadora da la razón al Tribunal Supremo y alerta del uso de las sentencias para la revisión histórica de los hechos en la refriega política.

En otro voto particular, el magistrado César Tolosa insiste en que Griñán actuó «con conocimiento de las irregularidades que se estaban produciendo y siendo consciente de que se eludía la previa fiscalización». Una nueva polémica que afecta a la Corte de Garantías, bajo la presidencia de Cándido Conde-Pumpido y la aproximación al PSOE de los magistrados progresistas, que para Concepción Espejel supone un notorio impacto negativo en la opinión pública de las sentencias del TC sobre los amparos a los condenados por el enorme fraude de los ERE, ahora desinflado.

La polvareda política y judicial es enorme, dado que el PSOE pretende asumir como víctimas de toda una conspiración orquestada por el PP a Chaves y Griñán, para quienes exigen un desagravio público y su regreso al partido de donde fueron expulsados. Mientras José Antonio Griñán guarda de momento un prudente silencio, Manuel Chaves ya se ha lanzado en tromba con acusaciones de confabulación política, mediática y con ropaje judicial, orquestada por el PP, para así expulsar a los socialistas de la Junta. «No había caso, somos inocentes», clama el expresidente andaluz, que fue condenado por prevaricación a nueve años de inhabilitación y ahora absuelto por el TC.

Entre satisfecho y con profunda tristeza. Según su abogado defensor, José María Calero, así es el estado de ánimo de Griñán, de quien resalta el dolor sufrido durante catorce años entre instrucción, juicio y dos sentencias condenatorias. El letrado recuerda el delicado estado de salud de Griñán, aquejado de un cáncer, que se vio agravado por una dolencia coronaria en los últimos meses. «Ha sido un proceso muy largo y doloroso, pero él siempre confió en la Justicia», incide el abogado del expresidente de la Junta. Añade que ha pasado todo este tiempo abatido y arropado como una piña por su familia, confiado en que se agotarían las últimas vías para evitar su ingreso en prisión, ante la demoledora sentencia del Tribunal Supremo, que le condenaba a seis años de cárcel por prevaricación y malversación en este escándalo de corrupción de los ERE, la mayor trama de clientelismo político que se conoce, básicamente anulada ya por el Constitucional.

El tema de Griñán generó todo un laberinto político dentro del PSOE, entre los «pesos pesados» como Felipe González, José Luis Rodríguez Zapatero, Alfonso Guerra o Susana Díaz, que apoyaban su indulto, ahora ya decaído por la sentencia del TC. Tras el duro varapalo de la Audiencia de Sevilla y el Tribunal Supremo, la estrategia de su defensa fue ganar tiempo y evitar el ingreso en prisión, con la aseveración continua de que él no se apropió de un solo duro de la trama. Su hijo mayor, Manuel, afirma que todo esto «ha sido una pesadilla». Fue él quien, en septiembre de 2016, cuando afloró el escándalo de más de 600 millones de dinero público en subvenciones ilegales, difundió una rotunda carta en defensa de la dignidad de su padre: «Honestidad en una vida austera, nadie podrá probar jamás que mi padre se apropió de un solo céntimo de los ERE», aseguraba Manuel Griñán. Insistía en que fueron otros quienes «metieron el cazo», unos funcionarios sobre los que él no tenía potestad directa, y contaba cómo su padre vivió toda su vida de un escaso sueldo, con un único coche cada diez años y concluía: «Todo es mentira, todo es injusto, el que calla sufre».

José Antonio Griñán Martínez nació en Madrid, hijo de Octavio Griñán, oficial del Cuarto Militar del General Franco y María Teresa Martínez, ambos sevillanos. Estudió en los Agustinos madrileños y pronto la familia se trasladó a Sevilla, donde Pepe, como se le conoce en el partido, estudió Derecho y opositó a inspector técnico de Trabajo. Ingresó en el PSOE a primeros de los ochenta y trabajó con los gobiernos de Rafael Escuredo, José Rodríguez de la Borbolla y Manuel Chaves.

Diputado en el Congreso durante tres legislaturas, ministro en dos ocasiones con Felipe González, fue la mano derecha de Chaves y responsable de Empleo, Economía y Hacienda. Presidente de la Junta andaluza, hubo de dimitir tras estallar el escándalo de los ERE y fue sustituido por Susana Díaz. Desde entonces, según su propia familia, su vida ha sido «un auténtico calvario», afectado por problemas de salud y algunas pérdidas de seres queridos.

Casado con María Teresa Caravaca, una aristócrata descendiente del marqués de Nevares conocida como , son padres de tres hijos, Manuel, Ana y Miguel, y abuelos de cuatro nietos. En su entorno siempre han defendido su inocencia y que jamás se apropió «de un solo duro público».