Josep Bosch, los ocho apellidos catalanes del juez del 3%

Catalán de pura cepa, se ha convertido en la bestia negra del independentismo por investigar las cuentas de CDC.

¿Quién dijo que iba a resultar fácil ser juez? Seguro que el titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de El Vendrell (Tarragona), Josep Bosch Mitjavila, se ha hecho esta pregunta más de una vez desde que accedió, como primer destino, al citado juzgado. Lo que era, en principio, un asunto local, un caso de irregularidades en el Ayuntamiento de Torredembarra, denunciado nada más y nada menos que por una concejal que militaba entonces en Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), se ha convertido con el paso del tiempo en uno de los procedimientos más importantes en los que se investiga la corrupción política en España.

Catalán por los cuatro costados (es barcelonés de nacimiento), este treintañero discreto y trabajador se presentó en el año 2010 a las pruebas de selección de la Escuela Judicial. El 8 de julio de 2011 se publicaba la lista de los aspirantes que habían superado la primera fase de selección para la provisión de 250 plazas de alumnos de la Escuela Judicial para su posterior ingreso en la carrera con la categoría de juez. Bosch tenía el número 59 en la oposición y su nota era de 79,93 puntos sobre cien. Quedó en el puesto 38 de los 231 aprobados, en una convocatoria a la que concurrieron casi 4.000 aspirantes.

El 14 de septiembre de ese año se incorporaba a la Escuela para formar parte de la 63 promoción de jueces. El 20 de marzo de 2013, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial aprobaba la resolución que lo enviaba como titular a El Vendrell, su primer y hasta ahora único destino. Lo que nunca debió pasar por su mente era, desde luego, convertirse en «juez estrella» y así lo ha demostrado en su hasta ahora corta pero fructífera experiencia.

Respaldo de la fiscalía

Tampoco estaría en sus previsiones inmediatas que pasaría por sus manos un asunto tan complejo como el de las supuestas irregularidades en la financiación de Convergencia Democrática de Cataluña (CDC). Ha estado a la altura de las circunstancias, no porque las autoridades autonómicas facilitaran su trabajo. Ha contado, eso sí, en términos de estricta profesionalidad, con el respaldo de la Fiscalía Anticorrupción y de la Guardia Civil.

Tal y como adelantó LA RAZÓN, hubo momentos en que esa aparente falta de apoyo desde las instituciones autonómicas, que tienen transferidas la mayoría de las competencias en materia de Justicia, colocaron al juzgado de Bosch al borde de la inoperatividad. No se cubrían las vacantes de funcionarios y el magistrado trabajaba prácticamente solo, con un funcionario como plantilla.

No es de extrañar, por lo tanto, que en enero del año pasado solicitara la inhibición de su juzgado en el caso en el que se investiga el supuesto cobro por CDC, a través de la fundación CatDem, de comisiones de entre el 3 y el 7% a empresarios como contraprestación a la concesión de obras por parte de la Generalitat y entidades locales y provinciales.

carácter discreto

Las razones que esgrimía el joven juez tenían peso: la mayoría del gran número de personas investigadas en este procedimiento vive y trabaja en zonas que no forman parte de la demarcación territorial del juzgado que él dirige, por lo que lo lógico sería que fuera otro tribunal el que se hiciera cargo de las diligencias. Y es que lo que había empezado como un asunto judicial menor en Torredembarra llevaba camino de convertirse en lo que es actualmente: una macrocausa contra la corrupción política.

No fueron pocos los que pensaron entonces que Bosh estaba harto de tener que trabajar en «territorio hostil», aunque el tiempo les ha quitado la razón.

La realidad es que este catalán buen estudiante de Derecho, y con una plaza de juez obtenida de forma brillante, en ningún momento ha puesto pegas a las peticiones, todas ellas fundamentadas, de la Fiscalía y de la Guardia Civil para realizar detenciones, registros, tomas de declaración, etcétera. Ha actuado con la valentía basada en la aplicación estricta de las leyes.

Ha sabido «resistir», quizás por ese carácter discreto, fuerte y por sus demostrados conocimientos profesionales (debe ser de los que no se perdió nunca una clase), una evidente pero silenciosa presión del nacionalismo catalán contra su persona. «Se ha comportado como un auténtico profesional, pese a ser éste su primer destino y contar con sólo 30 años de edad. Además, es un trabajador incansable y metódico», comentó en su día a este periódico uno de los investigadores del caso del 3%.

En definitiva, ha demostrado su capacidad para soportar las críticas e insinuaciones que desde el nacionalismo catalán se lanzaban contra él como si estuviera trabajando, junto con la Guardia Civil, al servicio del Gobierno de Madrid. Y lo ha hecho, afirman quienes le han tratado en los últimos meses, gracias a su carácter «tranquilo» y con el peso de sus decisiones, reflejadas en los correspondientes autos, que no han sido revocados y que, a la postre, acreditan el acierto con el que está instruyendo las Diligencias Previas número 112/2013.

Quienes han tenido ocasión de seguir de cerca su trabajo comentan que estudia cada asunto hasta la última coma antes de adoptar una decisión. Ha demostrado su profesionalidad e imparcialidad, pero eso conlleva no cometer errores, porque, y eso todo el mundo lo sabe, siempre hay alguien al acecho para aprovechar cualquier inexactitud, por mínima que sea. Actúa con criterio propio y si tiene que rechazar diligencias que le pide alguna de las partes personadas o la Fiscalía y la Guardia Civil, lo hace de forma justificada. No es un instrumento de nadie, sólo de la Justicia.

Bosh no es de los que gusta que su imagen salga en los periódicos o en la televisión, por lo que las pocos fotos que se tienen del joven magistrado son «robadas». Esas instantáneas muestran a un joven que viste de forma desenfadada, sin corbata, salvo cuando está en el ejercicio de su profesión. Es de mediana estatura y en alguna de esas fotos aparecía con barba.