Por segunda vez en apenas un mes, el magistrado del Tribunal Supremo (TS) Leopoldo Puente, instructor del "caso Koldo", ha denegado la libertad provisional a Santos Cerdán. Su defensa reiteró su petición de libertad tras la última comparecencia en el alto tribunal de José Luis Ábalos y Koldo García, cuando descartó enviarles a prisión y consideró suficiente para conjurar el riesgo de fuga mantener las medidas cautelares acordadas en su día contra ellos (retirada de pasaporte, prohibición de salir de España y obligación de acudir cada 15 días al juzgado). Una decisión que considera un agravio comparativo con su actual situación procesal.

Pero los abogados del ex secretario de Organización del PSOE fueron más allá y esgrimieron incluso su inmunidad parlamentaria y -recuerda el instructor en su resolución- las "dificultades del Gobierno para sacar adelante sus proyectos de ley" desde Cerdán renunció a su acta de diputada.

Pero Puente, pese a afirmar que comprende "la impaciencia" de Cerdán para que la prisión provisional acordada el pasado 30 de junio "sea dejada sin efecto y sustituida por otra menos restrictiva", le aclara que "se hará tan pronto como sea posible". Y eso pasa, subraya, porque se "mitiguen de forma sustancial las razones que determinaron su adopción", el riesgo de destrucción de pruebas.

"Todavía no"

A día de hoy, afirma, no aprecia ninguna circunstancia relevante que modifique su negativa a dejar sin efecto la orden de prisión que ratificó el pasado 18 de septiembre, y posteriormente el 3 de octubre. "Tan pronto como desaparezcan las razones que determinaron el ingreso en prisión" de Cerdán, señala el juez, "dicha situación será modificada de oficio". Pero esa modificación sustancial de las circunstancias que le llevaron a la cárcel, precisa, "todavía no se ha producido".

Y no es debido, añade, a que no se haya presentado el "ya próximo informe policial acerca de la situación patrimonial" del exdirigente socialista, que en todo caso "en sí mismo no es la fuente de prueba que aquí trata de protegerse".

Puente descarta agravios comparativos respecto a Ábalos y Koldo, porque las situaciones de unos y otros son "distintas" En el caso de Cerdán, explica, "debido a la posición funcional que ocuparía en la organización" supuestamente criminal "puede estar en conocimiento de datos o elementos esenciales, que pudieran ser alterados" y que el exministro y quien fuera su asesor "tal vez ignoren".

"Negociaba con los pagadores"

Y es que el instructor sigue pensando que el ex "número tres" del PSOE era quien "negociaba con los pagadores y recibía después los cobros" de los supuestos sobornos por el amaño de adjudicaciones públicas, "distribuyéndolos luego entre sus colaboradores". Por lo que "es la persona, de entre todas las investigadas hasta este momento, que habría de tener cabal conocimiento del proceso completo y quien, en consecuencia, podría dificultar seriamente el devenir de la investigación, ocultando, destruyendo o alterando pruebas relevantes".

Si esas pruebas que el juez considera relevantes "estuvieran ya en la investigación", defiende, "entonces sí, la medida cautelar carecería de soporte legítimo". "Pero todavía no lo están, aunque se trabaja intensamente en su eventual hallazgo", añade antes de avanzar que ese momento se aproxima.

Fuentes de la defensa de Santos Cerdán se quejan de que el magistrado del Supremo "no ha dado trámite previo a la Fiscalía Anticorrupción y al resto de las partes" para que se pronuncien sobre su petición de libertad antes de decidir al respecto.

Rechaza la nulidad que pidió Koldo

Por otro lado, el magistrado del "caso Koldo" rechaza la petición de nulidad del procedimiento que instó la defensa de Koldo García, que ejerce la letrada Leticia de la Hoz, y que respaldaron tanto Ábalos como el empresario José Ruz, también imputado. Puente vuelve a negar que se trate de una investigación prospectiva.

El instructor replica así a las quejas de quien fuera asesor de Ábalos, que apuntó que Puente ha llevado su investigación extramuros del objeto del suplicatorio concedido por el Congreso de los Diputados para investigar al exministro de Transportes. Para el magistrado, ese suplicatorio abarca "la totalidad de las conductas que se investigan" en ambas ramas de la causa.

La defensa de Koldo argumentó que para solicitar ese suplicatorio (la autorización de la Cámara Baja para poder investigar a un diputado, dada su condición de aforado) no puede pedirse sin que existan "indicios sólidos" contra el aforado para evitar así una "investigación genérica" de ámbito difuso.

Sin embargo, Puente discrepa y considera que ese argumento encierra un "razonamiento circular" que convierte "la figura de la inmunidad parlamentaria al ámbito propio de la inviolabilidad". "En ese entendimiento, ningún miembro del Congreso podría ser investigado judicialmente sin haber obtenido la autorización de la Cámara de la que forma parte", expone. "Y esa autorización no podría solicitarse hasta que se dispusiera, como consecuencia de una investigación que se afirma imposible, de la existencia de indicios sólidos sobre hechos concretos".