El instructor del "caso Begoña Gómez" está cerca de agotar su paciencia con Presidencia del Gobierno para que cumpla con el envío de una serie de documentación que requirió el pasado 4 de noviembre sobre la asesora de la mujer de Pedro Sánchez en Moncloa.

El juez Juan Carlos Peinado pide otra vez que se le envíe, en primer lugar, información sobre "los antecedentes que le consten con relación al nombramiento de asistentes al cónyuge" del presidente del Gobierno. Incluyendo "la delimitación de los puestos ocupados y las funciones que llevaban a cabo" y "el número de asistentes nombrados de forma simultánea a cada cónyuge".

De igual forma, el magistrado vuelve a exigir a Presidencia que le remita "los datos salariales actualizados hasta fecha de hoy" de Cristina Álvarez como directora de Programas. Con forma de "certificación retributiva íntegra" de la alto cargo investigada "correspondiente a todo el ejercicio de 2025".

Quiere tener en su poder "los documentos acreditativos de su situación administrativa (nóminas mensuales, complementos, costes sociales y cualquier variación de su relación de servicios)" desde que fue nombrada en julio de 2018 hasta la actualidad.

El titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, de nuevo, reclama las agendas tanto de Álvarez como de la esposa del jefe del Ejecutivo para que, posteriormente, están sean analizadas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

El fin de esta diligencia es claro, según expone en una nueva providencia conocida por LA RAZÓN: "Determinar si las citas reuniones, traslados, viajes realizados por ambas a la vez, o solo por Álvarez, estaban en relación a actividades personales o profesionales de Gómez".

Por último, el juez Peinado precisa todos los datos sobre los viajes realizados por la asesora de la esposa de Sánchez, "sufragados con fondos públicos", identificándose "destinos" y "desplazamientos" y "el pago de dietas, gastos de representación", así como "el uso de medios públicos (coche oficial, servicio de chófer) o "datos de "posibles personas dependientes jerárquicamente" de ella.

Aprovecha esta resolución, con fecha de este pasado miércoles, para advertir a Moncloa de que, en caso de no remitirlo ni alegar las causas que imposibilitan su remisión, "podría incurrir en un delito de desobediencia".