La jueza abre juicio oral contra el novio de Ayuso por el fraude a Hacienda

El Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid acordó ayer la apertura de juicio oral contra el empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, por la defraudación con una de sus empresas de 350.951 euros en el Impuesto de Sociedades durante dos ejercicios fiscales (2020 y 2021), sirviéndose de una trama de 14 facturas falsas.

En el auto, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, la magistrada Carmen Rodríguez-Medel, ejerciendo labores de sustitución, acuerda la apertura de juicio oral y «tiene por formulada la acusación» contra el empresario por delitos contra la Hacienda pública a través de su empresa Maxwell SL, así como otros de falsedad en documento mercantil, delito contable continuado y pertenencia a grupo criminal.

Concretamente, el empresario se tendrá que sentar, si nada cambia, en el banquillo de los acusados del Juzgado de lo Penal de Madrid, tras ser declarada la competencia de este para juzgarle.

Tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado solicitan para el novio de Isabel Díaz Ayuso una pena de tres años y nueve meses de prisión.

El Ministerio Público reclama, además, que se le imponga una inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena, el pago de una multa de 624.402 euros. Así como la pérdida de la posibilidad de obtener ayudas públicas o beneficios fiscales o de la Seguridad Social durante un total siete años y seis meses.

La Abogacía requiere para el empresario el desembolso de una indemnización económica de 448.927 euros, que sea inhabilitado para el sufragio pasivo durante el periodo de condena, y la imposibilidad de disfrutar de ayudas públicas o incentivos tributarios o de la SS durante seis años.

Por su lado, la acusación popular, que ejercen el PSOE y Más Madrid, elevan en su escrito de acusación la petición de sentencia hasta los cinco años de cárcel.

Asimismo, serán juzgados por este fraude a la Agencia Tributaria cuatro colaboradores de González Amador en su actividad profesional. En la resolución en cuestión también se ordena la disolución de hasta seis sociedades limitadas.

La magistrada sustituta aclara, citando una reciente resolución del Tribunal Supremo (TS), que esta apertura de juicio oral «es una resolución que sirve para que el procedimiento avance, todo ello con base en los hechos recogidos en los tres escritos de acusación presentados» que, subraya, «van en consonancia con el auto de procedimiento abreviado» con el que Inmaculada Iglesias le procesó en mayo.

Esta última jueza, retirada desde ese mes, puso fin en esa fecha a la investigación, considerando que «los indicios de participación» de González Amador en este fraude a la Agencia Tributaria quedaron evidenciados en las actuaciones llevadas a cabo por los servicios de inspección de Hacienda, que fueron, a su vez, «ratificadas por los peritos que emitieron los informes en sede judicial».

Está pendiente que la Audiencia Provincial de Madrid se pronuncie sobre el recurso de apelación que interpuso su defensa contra el procesamiento. De hecho, la jueza Rodríguez-Medel rechazó ayer posponer dar el paso hacia la vista oral hasta que los magistrados madrileños se pronuncien, dado que «no apreció causa para ello». La pareja de Ayuso defiende en este que le generó indefensión que la jueza Iglesias rechazase practicar más diligencias que propuso.