Junts sigue en el "no" y exige al Gobierno que rehagan los decretos "sin trampas" para dar su apoyo

Todas las miradas se han posado este miércoles sobre Junts, ya que es el partido determinante para que salgan adelante los tres decretos del Gobierno que se votan en el Congreso. Son tres decretos de máxima importancia porque dos de ellos incluyen compromisos con la Unión Europea para el desembolso de 10.000 millones de euros de los fondos europeos y el otro incorpora la prórroga de medidas anticrisis. Sin embargo, Junts se mantiene por ahora en el "no" a los tres decretos y sin el apoyo de los posconvergentes, quedarán tumbados.

Míriam Nogueras, portavoz de Junts, ha exigido al Gobierno que rehaga los decretos "sin trampas" para poder apoyarlos. "Están a tiempo de rectificarlo", ha señalado Nogueras, quien ha dicho que ayer, hasta muy tarde, estuvieron negociando con el Gobierno y ahora siguen haciéndolo (tienen hasta las 15 horas, que se vota telemáticamente), aunque ha reclamado que esto debería de haberse producido antes de la aprobación de los decretos por el Gobierno. Es decir, Nogueras ha criticado las formas del Gobierno y ha avisado que "la estabilidad de la legislatura está sujeta a los avances y cumplimientos de los acuerdos". "Nosotros estamos cumpliendo con nuestra parte y creo que hemos sido muy claros desde primer momento", ha añadido Nogueras. "Creo que todos estamos de acuerdo en que ustedes no lo han hecho bien y cuando se han puesto a hacerlo bien ya era tarde", ha continuado la portavoz. "Desde Junts no podemos acompañarles en este error suyo, pero están a tiempo de rectificar", ha afirmado.

A partir de aquí, Nogueras ha entrado en el contenido de los decretos, que considera que incluyen "trampas": "Ustedes dicen que si estos decretos caen mañana, sube la luz, pero estos decretos contemplan que precisamente habrá una subida de las facturas de aquí a dos meses", ha señalado Nogueras. ¿Cuáles son las razones de Junts para votar en contra de los decretos? Nogueras ha enumerado varias razones. La primera es que con estos decretos, Cataluña "recula" a nivel de financiación y se "consolida el café para todos". "No parece que ustedes estén dispuestos a negociar mejoras para Cataluña sin hacerlas después extensivas a otra autonomías obviando la singularidad de Cataluña y las necesidades especificas de Cataluña. Estamos aquí para cambiar la relación Cataluña-España, no para perpetuarla", ha avisado.

La segunda razón es que los decretos "venden" medidas sociales, pero esconden "trampas" y ha hecho referencia a que se "compensan" a las eléctricas con una "partida de 100 millones de euros". "Desde Junts, algunas de las propuestas que hemos hecho es no subir la factura de la luz y gas", ha señalado Nogueras, que ha añadido que han reclamado que no se incremento el impuesto especial sobre la electricidad.

La tercera razón va vinculada al decreto 7/2023, relacionado con los subsidios por desempleo, y Nogueras ha pedido que la patronal catalana (Foment del Treball) esté representada en la toma de decisiones que afectan a las empresas catalanas. "Hoy no está contemplada la representación catalana, pero sí otras autonomías", ha afirmado.

La cuarta razón es la exigencia de una modificación de la Ley de Sociedades de Capital para que vuelvan las empresas que se fueron de Cataluña tras el referéndum ilegal del 1-O. En concreto, y en línea con la propuesta del PSOE, Nogueras ha pedido una reforma del artículo 9 y 10 de la norma para que la sede de las empresas estén donde desarrollan mayoritariamente su actividad. "Las empresas que cumplan la ley deben tener incentivos fiscales", ha señalado.

La quinta razón es que la reducción en el precio del transporte público debe correr a cargo del Estado: "Lo debe asumir de manera íntegra el Estado, porque no han pagado la bonificación de 2023".

En cambio, Nogueras no ha hecho mención de la amnistía cuando en las últimas horas se ha hecho énfasis porque Junts considera que el decreto 6/2023 la pone en riesgo. El decreto 6/2023 es el que ha generado máxima tensión porque incluye una modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil, añadiendo un artículo 43bis para regular la cuestión prejudicial europea, que da la posibilidad a los jueces de suspender los procedimientos cuando eleven una consulta al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para saber cómo aplicar el Derecho de la UE. Esa posibilidad de suspensión del procedimiento es lo que ha generado el malestar en Junts porque considera que puede permitir a los jueces retrasar la aplicación de la amnistía, que está previsto que se ejecute en dos meses, sin ningún tipo de dilación.