Junts lleva a Sánchez al límite ante su primera votación clave

Pedro Sánchez en absoluto da por perdida la batalla con Junts sobre la votación de los tres reales decretos aprobados por el Consejo de Ministros antes de Navidad, pero, por si acaso, también ha preparado el plan B, una convocatoria extraordinaria del Consejo de Ministros para frenar la subida disruptiva del IVA en el caso de que entre las medidas que decaen esté la norma que incluye la prórroga de buena parte de las rebajas fiscales aprobadas con motivo del estallido de la guerra de Ucrania.

En estas últimas horas Moncloa está dirigiendo todos sus esfuerzos a intentar dividir a Junts, y desde este partido ayer ya se hacía llegar a algunos de sus interlocutores de más confianza el mensaje de que quizás había que buscar una salida de contención de daños, en la que entrase, por ejemplo, la vía de las enmiendas y la tramitación de los decretos, o alguno de ellos, como proyectos de ley, una vez convalidados.

Éste no es, en ningún caso, el mensaje oficial del partido de Carles Puigdemont, ni tampoco se puede ligar directamente con el expresidente de la Generalitat, en situación todavía de prófugo de la Justicia española. Su mensaje, ante las «maniobras de presión», fue que «ni zanahorias ni chantajes, de nadie».

Los representantes de Sánchez están presionando con la amnistía en la recta final de la negociación, en pleno proceso de enmiendas a la ley que tramita el Congreso, y también lanzan guiños en público a temas tan calientes como la exigencia de Puigdemont de que se fuerce el regreso a Cataluña de las empresas que se «exiliaron» durante el «procés». Puigdemont exige que se llegue a la sanción, mientras que el Gobierno habla de incentivos para impulsar ese camino de vuelta.

El Gobierno cruza los dedos y dice mantener su confianza, aunque al cierre de esta edición no estuviera todavía en condiciones de asegurar que tiene garantizada la mayoría simple que necesita para sacar adelante los decretos anticrisis. Los negociadores de Sánchez se han implicado al más alto nivel, e incluso han tirado de algún mediador nacional, de confianza de Puigdemont. El mensaje oficial de Moncloa es que está dispuestos a enmendar los decretos, una vez convalidados, y a facilitar también que vuelvan empresas a Cataluña.

El otro punto más polémico, la exigencia de Junts de que se ate de manos a los jueces para que las cuestiones prejudiciales y los recursos contra la ley de amnistía no frenen su aplicación está también en la mesa de negociación. «Tenemos absoluta confianza en que se van a aprobar los decretos y por eso trabajamos hasta el último minuto». La negociación tiene dos caras, la que reconocen las dos partes en público, y la que está cociéndose con el mayor de los hermetismos, y que afecta también a la ley de amnistía y a otras cuestiones que tienen más que ver con la «cuestión nacional».

El debate sobre la votación de estos decretos ha elevado la pelea que mantienen ERC y Junts, con cruce de declaraciones entre la portavoz de la Generalitat y el propio ex presidente huido. Si ERC insiste en que los decretos son necesarios, y critica las gesticulaciones que ponen en peligro los recursos que tienen que llegar a todos, Puigdemont zanjó el debate con la afirmación de que su partido no acepta presiones de nadie «No es la primera vez que lo advertimos, pero parece que la pausa navideña ha ablandado la memoria de algunos y hay que reforzarla».

Esta tensa cuenta atrás para la primera votación de la legislatura marca el camino a la actividad legislativa de la coalición. Como síntoma de por dónde puede venir la solución a la crisis, de la misma manera que en Junts hablaban ayer de explorar la vía de las enmiendas, también el Gobierno empezó a ver factible la incorporación de cambios de Junts en los decretos leyes, pero, en ningún caso, del Partido Popular.

La posibilidad de llegar a un acuerdo con el PP no ha estado nunca realmente en la mesa de trabajo del Gobierno. Es una liebre que han soltado para desviar el foco hacia otro lugar distinto a la negociación con Junts, y poder generar ruido con el mensaje de que el partido de Alberto Núñez Feijóo no se comporta como un líder responsable: el mantra de la comunicación de Moncloa es que no asume su obligación de ayudar a que salgan adelante medidas que son útiles para los ciudadanos. Pero este acuerdo es política ficción. Para el Gobierno porque le supondría romper con sus socios. No es compatible la mayoría de investidura con abrir caminos de entendimiento con el PP en un surrealista ejercicio de la llamada geometría variable.

Y para el PP también es inviable colaborar con el Gobierno para facilitarle que saque adelante las medidas que no apoyan sus socios, y darle estabilidad, al tiempo que al día siguiente el presidente Sánchez sigue negociando con los independentistas la revisión del modelo territorial y la amnistía en las mesas bilaterales creadas a tal efecto, una de ellas con sede en Ginebra y con verificación internacional.

Por cierto, la gestión que está haciendo el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, se ha ganado el apoyo de su poder territorial. Ayer almorzó con sus barones, tras el Comité Ejecutivo Nacional, y la conclusión es que ha sido un acierto el «no» a los decretos leyes, y presentar propuestas en aquello que sea beneficioso para los ciudadanos.