El magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, instructor del «caso Villarejo» y de su decena de ramificaciones, ha prohibido salir de España sin permiso judicial al ex chófer de Luis Bárcenas, Sergio Ríos, y al policía Andrés Gómez Gordo, que fue asesor de María Dolores de Cospedal en el Gobierno de Castilla-La Mancha, tal y como le solicitó la Fiscalía Anticorrupción. A Ríos, además, le retira el pasaporte y le obliga a comparecer una vez al mes en el juzgado.

Los dos han comparecido en las últimas 48 horas (Gómez Gordo lo hizo ayer) ante García Castellón en relación a la «operación Kitchen», puesta en marcha por Interior en 2013, cuando era titular del ministerio Jorge Fernández Díaz, para supuestamente intentar recuperar la documentación que el ex tesorero popular se llevó de la sede del PP al ser despedido.

El mismo Bárcenas declaró ayer ante el instructor, al igual que hizo su esposa, Rosalía Iglesias, en relación a esa presumible sustracción de documentos, aunque en su caso como testigos, unas comparecencias que fueron aplazadas por el anterior responsable de la investigación, Diego de Egea (que ha abandonado ya la Audiencia Nacional) a la espera de su declaración como investigados ante el juez José de la Mata, que instruye la causa sobre la «caja B» del PP, que finalmente se produjo el pasado 21 de diciembre.

Según fuentes jurídicas, García Castellón recordó a Bárcenas al comenzar su comparecencia que, como investigado en la causa sobre la supuesta financiación ilegal del PP, no estaba obligado a contestar a las preguntas que pudiesen perjudicarle en relación a ese asunto. No obstante, el ex tesorero contestó a todas las cuestiones que le plantearon tanto los fiscales de Anticorrupción como el magistrado. Según esas mismas fuentes, Bárcenas desconoce en qué momento pudo sustraerle su entonces chófer toda esa documentación, aunque en su declaración ante De la Mata (en la que se ratificó ayer) aludió a tres momentos que podrían haber propiciado esa operación: cuando por encargo suyo trasladó su documentación de la sede del PP en la calle Génova a un taller de restauración de su mujer, al acompañarla a la prisión de Soto del Real (Madrid) para verle (Bárcenas está en prisión por el «caso Gürtel») y cuando llevó todos esos papeles a su entonces abogado, Javier Gómez de Liaño, para preparar su declaración ante el juez.

El juez García Castellón intenta esclarecer si el entonces chófer de Bárcenas recibió en 2013 el encargo de los comisarios José Villarejo y Enrique García Castaño (que declara hoy por este asunto) de intentar recuperar los papeles que Bárcenas se llevó de la sede del PP en la calle Genova. Según Anticorrupción, Interior le habría pagado con fondos reservados 2.000 euros al mes durante dos años para que le sustrajese esa documentación. Interior reconoció el pasado diciembre en un escrito remitido a De la Mata que la «operación Kitchen» existió y que se pagó con fondos reservados a algunos colaboradores y confidentes.