La Guardia Civil busca 400 millones de la Generalitat para la consulta

La asociación mayoritaria en la Guardia Civil muestra su apoyo al trabajo de investigación que realizan sus agentes

Un agente de la Guardia Civil en la Comandancia de Travessera de Gràcia (Barcelona).
Un agente de la Guardia Civil en la Comandancia de Travessera de Gràcia (Barcelona).

El director de comunicación del Govern, Jaume Clotet, nuevo investigado por los preparativos.

«No seamos ingenuos, no enseñemos todas las cartas», ha venido insistiendo en los últimos días el flamante portavoz de la Generalitat, Jordi Turull. Y es que el Govern se ha decidido a imponer la ley del silencio a todas sus maniobras para no dar la menor pista al Gobierno, y que así no pueda frustrar sus planes independentistas. Si bien, esta consigna llegó tarde. El ex senador de ERC y ex juez Santi Vidal, en un ciclo de charlas organizadas por las entidades independentistas, se excedió y confesó algunos detalles de los preparativos del referéndum anunciado para el 1 de octubre. Entre ellos, reveló una partida de 400 millones de euros para financiar esa cita y la construcción de estructuras de Estado. Y con el objetivo de verificar la veracidad de esas declaraciones se está desempeñando la Guardia Civil esta semana, que, como policía judicial, ha iniciado indagaciones, al margen de las diligencias que ya abrió en abril el titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona.

Los agentes han citado a declarar estos días a altos cargos del Govern para recabar información sobre la financiación de algunos preparativos del 1-O que han tenido lugar ya, como la puesta en marcha de Garanties.cat y del Pacto Nacional por el Referéndum, y el acto que se celebró en el Teatro Nacional de Cataluña, en el que se presentó la Ley del Referéndum. El juez que lleva esta causa abrió una investigación sobre el propio Vidal, el secretario de Hacienda, Lluís Salvadó –que quedó salpicado por estas declaraciones cuando Vidal reveló también que el Govern ha obtenido los datos fiscales de todos los catalanes de forma irregular– y el director del Institut d’Estudis de l’Autogovern, Carles Viver Pi i Sunyer.

Por tanto, entre el martes y ayer, se sumaron dos nuevos investigados a esta causa, a expensas de que así lo valide después el juez instructor. Primero fue el secretario de Presidència, Joaquim Nin, y después el director general de Comunicación del Govern, Jaume Clotet. Clotet, que fue inicialmente interrogado por la Guardia Civil como testigo, pasó a ser investigado después de que los agentes consideraran que sus respuestas le podían incriminar. De esta forma, pasó a asumir la condición de imputado, aunque ahora queda a la espera de la resolución que tome el titular del juzgado que lo instruye.

En este caso, la Guardia Civil impulsó sus indagaciones sobre su persona por su relación con la gestión económica y el mantenimiento de la web del Pacto Nacional por el Referéndum. Por el mismo motivo, también tuvo que declarar el portavoz de esta plataforma, que aglutina a partidos y entidades favorables al referéndum, Joan Ignasi Elena. En su caso, sólo tuvo que declarar durante algo más de una hora, pero la Policía no le imputó. Elena no quiso dar detalles de su interrogatorio al estar la causa bajo secreto, y lo seguirá estando como mínimo un mes más, según decretó ayer el juez. No obstante, a la salida de las comandancias policiales, hizo un nuevo alegato en favor del 1-O, y aseguró que el conflicto se resuelve votando y «no a través de la Policía y los jueces».

Asimismo, consideró «desagradable y absurda» su citación como representante del Pacto Nacional por el Referéndum, y lamentó que el Gobierno use instrumentos de Estado, para lo que según él, es una «persecución a la disidencia política». «Las convicciones no se tuercen con amenazas. No se canalizan con policías y jueces sino que se canalizan con diálogo y política», aseguró en declaraciones a la prensa.