La creciente implicación de Ada Colau en el desafío soberanista está tensionando sobremanera las relaciones con su socio de gobierno en Barcelona, el PSC. Los socialistas asisten visiblemente «molestos» al alineamiento de la alcaldesa con las tesis soberanistas y critican que preste «apoyo a los alcaldes que se saltan la ley», mientras no tiene «ningún gesto para los ediles socialistas amenazados y acosados por respetarla». El secretario de Organización del PSC, Salvador Illa, se expresó ayer en estos términos después de que Colau participara en el acto celebrado en el patio del consistorio barcelonés, en el que recibió al grueso de los ediles de los municipios catalanes que han manifestado que colaborarán con el referéndum y que, por tanto, serán llamados a declarar por la Fiscalía. «El Ayuntamiento de Barcelona siempre es vuestra casa», les dijo la alcaldesa. Una invitación que llevó al segundo teniente de alcalde, Jaume Collboni, a recordarle a Colau que el «Ayuntamiento –de Barcelona– es la casa de todos», también de los alcaldes socialistas que están siendo perseguidos por soberanistas por mostrar su intención de cumplir las directrices marcadas por el Tribunal Constitucional frente al referéndum ilegal.

Sin embargo, este no es el único guiño que Colau ha dedicado en los últimos días a sus colegas secesionistas: plasmó su rúbrica en la misiva que Carles Puigdemont y Oriol Junqueras enviaron a Mariano Rajoy y al Rey –previa publicación en el «Financial Times»– para demandar diálogo y de paso trasladar su visión victimista al plano internacional, la alcaldesa también reconoció abiertamente que participará en el referéndum ilegal del 1 de octubre y fue más allá asegurando que, «cumpliendo con nuestro compromiso», en Barcelona se podrá votar ese día. Fue precisamente este pronunciamiento el que causó cierto estupor en las filas socialistas barcelonesas –obligando a Collboni a desmentirlo vía Twitter– pues este supuesto pacto con la Generalitat para permitir que se vote en la ciudad no se había debatido ni acordado en la comisión de Gobierno que integran ambos partidos.

La participación, según la alcaldesa, se promoverá «sin poner en riesgo a la institución ni a los servidores públicos», un requisito clave para mantener viva la coalición entre ambos partidos y que iría en la línea de permitir que se vote en los locales vinculados a la Generalitat y no en los ligados al Ayuntamiento. «Si se respeta el Estado de derecho, las sentencias, la institución y sus trabajadores y el informe del secretario municipal (que señala la ilegalidad de ceder espacios del consistorio) no tiene por qué ponerse en riesgo la coalición», señaló el propio Collboni a los medios de comunicación.

Los socialistas mantienen el pacto con la alcaldesa a pesar de su innegable implicación en el referéndum y su deriva de los últimos días, que encuadran en «las diferentes visiones del conflicto» que tienen sendos partidos (PSC y En Comú). Hasta ahora Colau había mantenido una cuidada ambigüedad para evitar renunciar al ala independentista de sus votantes, sin necesidad de incurrir en ninguna ilegalidad que la comprometiera institucionalmente.

Desde el PSC se asegura que se cumplirá a rajatabla el informe municipal, como acordaron con la alcaldesa, y aunque no ocultan su molestia evitan expresarla en público. Con un «el estado de ánimo no es lo relevante ahora» despachó Collboni a los periodistas que le preguntaban por cómo le había sentado el pacto entre Colau y Puigdemont para que se pueda votar en Cataluña, al tiempo que aseguraba que se hará compatible «el respeto al Estado de Derecho con la libertad de expresión».

Tampoco para el líder del PSOE, Pedro Sánchez, peligra el Gobierno de coalición en Barcelona por las fricciones derivadas del acercamiento de Colau a los soberanistas. El secretario general socialista, que estará hoy en la Fiesta de la Rosa del PSC junto a Miquel Iceta, considera que «los ciudadanos están por encima de cualquier otra consideración y ese compromiso tiene que ser hasta el final de la legislatura». Sánchez se ha limitado a expresar públicamente su orgullo y apoyo a los alcaldes socialistas amenazados sin entrar a valorar la comparecencia de los que incumplan la ley.