La familia Franco y los benedictinos ya pueden alegar

Moncloa advierte de que las «amenazas» no cambiarán la determinación de trasladar los restos.

Tras meses de reiterados anuncios, retrasos y un cuidado blindaje para evitar reveses judiciales, el proceso para exhumar a Francisco Franco del Valle de los Caídos ha arrancado formalmente. El Consejo de Ministros aprobó ayer el acuerdo de incoación del expediente administrativo que activa el decreto ley para el traslado de los restos. Este trámite da inicio al procedimiento y abre un plazo formal de 15 días hábiles –unas tres semanas, ya que no computan los fines de semana ni los festivos–para que la familia y los interesados puedan realizar alegaciones, personarse o hacerse cargo del cuerpo. Aunque los tiempos estén tasados, en la práctica el proceso puede dilatarse más de lo previsto, dado que estos 15 días comenzarán a contar cuando el último de los interesados se dé por notificado. Las notificaciones comenzarán a remitirse en las próximas horas y entre los receptores de las mismas no estará la Fundación Francisco Franco, pero sí los monjes benedictinos, custodios de los restos del dictador.

Procesalmente este es el momento para que todos aquellos familiares que no estén de acuerdo con la exhumación hagan valer su derecho para oponerse a la misma. Uno de los portavoces de la familia ya remitió a Moncloa un burofax en el que advertían que seguir adelante con la exhumación podría suponer un delito de prevaricación, usurpación de funciones, así como de profanación de sepultura. Ante la posibilidad de que la familia intente obstaculizar el proceso, la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, advirtió ayer de que las «amenazas» de los Franco no cambian en «nada» la firme decisión del Ejecutivo de exhumar a Franco. No obstante, el proceso no será inmediato y desde Moncloa se emplazan a antes de final de año para acometerlo por completo. El Gobierno ha nombrado como instructora del proceso a la subsecretaria del Ministerio de Justicia, Cristina Latorre, que será la encargada de recibir y gestionar las posibles alegaciones, que serán remitidas posteriormente al Consejo de Ministros.

Sobre la renuncia del Ejecutivo a promover la «resignificación» del Valle de los Caídos y convertirlo en un mero cementerio civil, Celaá emplazó a la tramitación como proyecto de ley que tendrá el texto en el Congreso de los Diputados para debatir con el resto de fuerzas políticas y que estas puedan introducir los matices que consideren necesarios para dotar de un mayor consenso a la iniciativa.