La Guardia Civil comunica a Chaves y Griñán su preimputación

Dos guardias civiles, pertenecientes a la Unidad Central Operativa (UCO) se personaron ayer en el Congreso de los Diputados y en el Senado para comunicar, por orden de la juez Mercedes Alaya, la preimputación de Manuel Chaves y José Antonio Viera, en el primer caso; y de José Antonio Griñán, en el segundo.

Según han informado a LA RAZÓN fuentes conocedoras del asunto, la magistrada, de acuerdo con lo previsto en el artículo 118-bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ha comunicado a los citados tres políticos socialistas su preimputación, sin que ello suponga saltarse los trámites de la Sala segunda del Tribunal Supremo, competente en todo lo que se refiere a los aforados, con el fin de salvaguardar sus derechos y por si desean personarse ya en la causa. La jueza Alaya ya intentó realizar este trámite hace algunos meses, pero la Fiscalía Anticorrupción presentó un recurso.

El hecho de que la magistrada haya dirigido sus escritos a las cámaras se debe a la necesidad de garantizar de que llegaban en el menor tiempo a los interesados. Por eso los ha mandado a sus lugares habituales de trabajo, según los mismos medios.

Mientras, la instructora del caso tira de coherencia. En un auto fechado el 3 de abril vuelve a mantener que «no ha lugar, por ahora, a la división de la causa en diferentes piezas separadas». Da así carpetazo a la petición de la Fiscalía Anticorrupción de remitir al Tribunal Supremo la parte que salpica a los aforados, entre los que se encuentran los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Justifica su decisión en que aún quedan pruebas relevantes por llegar a su juzgado y en que la investigación es en estos momentos inescindible por la conexión que hay entre las diferentes vías de una investigación que supera ya los tres años. De hecho, la juez recuerda que la Audiencia Provincial de Sevilla así lo estimó en un auto del 25 de octubre al resolver un recurso de apelación de la imputada ex ministra Magdalena Álvarez, «remitiéndose a la jurisprudencia del Tribunal Supremo».

En su escrito, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, la magistrada plantea que, «dejando a un lado la evidencia de la complejidad de la causa, debería el Ministerio Fiscal haber esgrimido auténticas razones procesales que hicieran posible el desmembramiento de la causa» y además explicar «por qué realiza dicha solicitud en este momento, conociendo que se espera la presentación de atestados e informes que afectan a las tres piezas por él señaladas». Cabe recordar que Anticorrupción solicitó que se troceara el proceso en tres bloques y se armase una pieza con cada expediente de ayuda sociolaboral o a empresas, otra con los casos de pagos de sobrecomisiones y una última sobre el «procedimiento específico creado» para que la Consejería de Empleo, a través de la Dirección General de Trabajo, pudiera conceder fondos «sin sujeción al procedimiento que le era propio, bajo el expediente de transferencias de financiación». Alaya destaca ahora «la extraordinaria interrelación que existe entre las tres materias», al resultar «evidente» que «las ayudas existieron en esa forma porque se creó «el marco procedimental idóneo» para otorgarlas «al margen del procedimiento legal de subvenciones». Circuito que para la juez supone «un presunto torcimiento concertado del Derecho».

La instructora mantiene que «la ruptura de la continencia de la causa» –enlace objetivo de los hechos– haría imposible «el enjuiciamiento por separado de las diferentes conductas delictivas». Y lanza un aviso: si se despieza el caso, «el riesgo de fallos contradictorios constituye más que una mera probabilidad». De hecho, supone, a su juicio, «un peligro obvio, serio e indiscutible» que, cree, «no debe correrse» al poder atentar contra la seguridad jurídica y acabar provocando «lo que muchos han denominado un auténtico caos procesal». A partir de ésas y otras razones relativas al proceso judicial, para Alaya lo esencial es hacer «hincapié» en que «no es éste el momento de tomar decisión alguna» respecto a esa división, porque aún quedan informes relevantes para la causa, de lo que «es consciente» la Fiscalía, desliza. Fuentes del caso apuntan que ésta «recurrirá a su vez de nuevo».