La medida estrella(da) contra la justicia

El Gobierno vio en el traslado de los restos del dictador del Valle de los Caídos la medida estrella de un mandato llamado a ser corto, pero efectista. Casi un año después, Sánchez ha conseguido la hazaña de revalidar el poder en las urnas, pero la exhumación de Franco se le sigue resistiendo.

La “liebre” la levantó un miembro de la Ejecutiva del PSOE en un mitin sin mucho foco en el norte de España en junio de 2018. Inmediatamente, portavoces autorizados de la dirección del PSOE y del propio Gobierno salieron en público a negar que la exhumación de Francisco Franco estuviera en la agenda del Ejecutivo como algo “urgente” y “prioritario”. Sin embargo, una vez que la pelota comenzó a rodar, desde Moncloa decidieron jugar el partido y, en una conversación informal con periodistas hace casi ya doce meses, el recién elegido presidente del Gobierno -moción de censura mediante- anunció a los medios que la exhumación les “pillaría trabajando”. Una alusión velada a que sería antes de las vacaciones de verano, aunque olvidó precisar de qué año.

El Gobierno vio en el traslado de los restos del dictador del Valle de los Caídos la medida estrella de un mandato llamado a ser corto, pero efectista. Casi un año después, Sánchez ha conseguido la hazaña de revalidar el poder en las urnas, pero la exhumación de Franco se le sigue resistiendo. El Supremo asesta un golpe, que en Moncloa defienden que no es definitivo porque no afecta al fondo de la cuestión, pero que no solo paraliza sus aspiraciones, sino que atiende las de la familia. Hasta ahora, desde el Ejecutivo, se cargaba contra la actitud “obstruccionista” de la familia, a quienes acusan del bloqueo a la medida. Una medida llamada a ser estrella y que ha acabado estrellada contra el muro de la justicia.

En Moncloa reaccionan asegurando que la suspensión cautelar acordada por el Supremo “implica que el Gobierno pospondrá la ejecución de la exhumación hasta que en los próximos meses se dicte sentencia sobre el fondo del asunto”. Defienden la normalidad que supone que el Supremo suspenda la ejecución de una decisión cuya legalidad tiene que revisar a instancia de parte y expresan su convencimiento en que finalmente se “desestimará este recurso, como ha venido haciendo hasta ahora con todos los recursos planteados por la familia Franco”.