La motivación política, en el origen del nombramiento de los magistrados europeos

El procedimiento de elección de los magistrados del TEDH provoca que motivaciones de índole política primen sobre criterios de naturaleza estrictamente jurídica. Aunque los estatutos de esta institución obligan a que los candidatos a magistrado sean de «alto carácter moral» y tengan una cualificación suficiente para desempeñar altas respondabilidades judiciales, en la práctica los criterios de oportunidad política pesan tanto o más que la profesionalidad, la experiencia o la excelencia académica de los aspirantes a ocupar uno de los 47 sillones del Tribunal de Estrasburgo. Los gobiernos de los 47 estados firmantes del Convenio Europeo de Derechos Humanos proponen un candidato que después debe recabar el consentimiento de la Asamblea Parlamentaria, junto al Comité de Ministro, que es la principal institución del Consejo de Europa. Debido a la gran influencia política que tienen las resoluciones del Tribunal, el perfil ideológico del candidato y su propensión a tener en consideración los contextos políticos en los que se toman las decisiones judiciales se miran con lupa a la hora de presentar a un juez en concreto a la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. El juez que ocupa el sillón reservado a España en el Tribunal de Estrasburgo es Luis López Guerra, quien escaló posiciones en las instituciones judiciales a la sombra de los gobiernos socialistas. Primero en el Consejo General del Poder Judicial, donde fue vicepresidente entre los años 1996 y 2001 y, anteriormente, magistrado del Tribunal Constitucional –donde ocupó la vicepresidencia desde 1992 a 1995. Además, fue secretario de Estado de Justicia entre 2004 y 2008, poco después de ser diputado autonómico en la Asamblea de Madrid por el PSOE. Con un currículum de estas características no sorprendió a nadie que, cuando tuvo que proponer a un magistrado español para el TEDH, el Gobierno socialista de Zapatero propusiera el nombre de López Guerra. El juez español fue elegido por un periodo de 9 años y no podrá ser reelegido.