La UDEF investiga si Pineda se quedaba con dinero que debía ir a sus «defendidos»

Un ex delegado declaró que cobraba a los denunciantes de cláusulas suelo

Luis Pineda, principal responsable de Ausbanc, siempre ha aparecido como el garante de la defensa de los derechos de los usuarios de banca frente a los «atropellos» de esas entidades, especialmente en lo que se refiere a las cláusulas suelo. Sin embargo, la investigación judicial y policial va aportando datos justamente en la dirección contraria, es decir, era el propio Pineda quien intentaba lograr un beneficio económico propio de cada reclamación, aunque ello supusiese un perjuicio para el afectado, y ello con independencia de que finalmente se llegase a un acuerdo con el banco o se tuviese que dirimir en los tribunales.

Estas serias sospechas son las que han llevado a que la UDEF haya iniciado una investigación para intentar esclarecer estos hechos y poder determinar la cuantía que el principal responsable de Ausbanc ha podido «desviar» a sus bolsillos, a través del entramado empresarial que dirigía, en perjuicio de los propios usuarios, según han confirmado a LA RAZÓN fuentes de la investigación, y donde algunas de esas empresas facturaban posteriormente a la propia Ausbanc por diversos conceptos, entre otros el de alquileres de locales.

En este sentido, Pineda intentaba «monopolizar» todo lo relacionado con las reclamaciones a bancos, de forma muy significativa a partir de las cláusulas suelo, de tal forma que no pocas veces habría intentado llegar a acuerdos con los bancos para, a cambio de una cantidad que percibiría en un primer momento Ausbanc, «enmascarado en concepto de publicidad, costas, etc.», convencer al usuario de que recibiese un dinero sustancialmente inferior al que inicialmente reclamaba. Estos aspectos son los que se intenta esclarecer a través de la investigación policial abierta, aunque la misma se encuentra «en una fase muy incipiente».

«Evidente riesgo de fuga»

Estas sospechas se han acrecentado recientemente con dos declaraciones producidas ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, instructor de la causa abierta relacionada con Ausbanc y el sindicato Manos Limpias. En primer lugar, el testimonio que prestó el investigado (es decir, imputado) José Marín, ex delegado de Ausbanc en Sevilla, quien reconoció ante el magistrado que esa asociación cobraba una determinada cantidad a los reclamantes, que era diferente si se lograba un «acuerdo previo» con la entidad bancaria o si finalmente se tenía que acudir a juicio.

Esos cobros se justificaban en «gastos procesales, costas, pagos que había que hacer para llevar esa defensa», pero que, en realidad, según fuentes de la investigación, en el fondo no eran más que el cobro de comisiones por parte de Luis Pineda. Junto a esa declaración, se encuentra la que prestó el pasado jueves el director de la División de Secretaría General de Unicaja, Ángel Fernández Noriega, quien, según fuentes jurídicas, habría señalado que Luis Pineda intentaba que fuese él quien lograra un acuerdo con la entidad, al margen del afectado. Con ello, según esas fuentes, pretendía «llevarse su parte», aunque en esa «negociación» el perjudicado último fuese, precisa y curiosamente, a quien iba a defender en un principio.

De hecho, el propio instructor, Santiago Pedraz, detalla en su auto de prisión hasta cuatro negociaciones en relación con demandas sobre cláusulas suelo por parte de Luis Pineda. Una de ellas se produjo, presuntamente, después de que un juzgado de lo Mercantil de León hubiese eliminado ese tipo de cláusula, tras la demanda presentada por Ausbanc y antes de que la Audiencia provincial se tuviese que pronunciar definitivamente sobre esa cuestión.

En ese «impasse», Pineda se puso en contacto con el secretario general del banco afectado para intentar llegar a un acuerdo, en el que Ausbanc cedería parte de sus pretensiones, lo que perjudicaría directamente a sus representados, a cambio de una cantidad de dinero que se enmascararía bajo el concepto de «convenios publicitarios».

Por otro lado, la Fiscalía de la Audiencia Nacional se ha opuesto al recurso que interpuso Pineda contra el auto de prisión dictado por el juez Pedraz -quien lo rechazó en primera instancia- y que ahora deberá resolver la Sala de lo Penal. En su informe, el Ministerio Público destaca sobre todo, además de los delitos imputados, el hecho del «evidente riesgo de fuga» existente, toda vez que la organización que dirige «se extiende a otros países como Estados Unidos, Colombia o Venezuela», así como la nada descartable posibilidad de que volviese a delinquir.