Los acusados pedirán que Montoro declare en el juicio del «procés»

La Fiscalía propone que comparezcan 256 testigos, entre ellos un centenar de agentes heridos el 1-O para acreditar que sí hubo violencia.

Las defensas de algunos de los procesados por el proceso independentista en Cataluña pedirán al Tribunal Supremo (TS) que el ex ministro de Hacienda Cristóbal Montoro comparezca como testigo en el juicio a los principales responsables del órdago soberanista, que se enfrentan a penas de hasta 25 años de cárcel por delitos de rebelión, malversación y desobediencia. La Fiscalía no ha incluido a ex titular de Hacienda en su lista de 256 testigos, pero sí lo hizo Vox.

Aunque los letrados de los acusados tienen pendiente una reunión la próxima semana para perfilar el listado definitivo de testigos que solicitarán al Alto Tribunal, fuentes de las defensas confirmaron ayer a este periódico que entre las más de 200 testificales que propondrán estará la comparecencia de Montoro. Pretenden de esta manera que ratifique sus declaraciones en la comisión de Hacienda del Congreso en agosto del pasado año, cuando aseguró que hasta ese momento la Generalitat no había destinado dinero público a la organización del referéndum del 1-O, un montante que el juez Pablo Llarena fijó en su día en 2,1 millones de euros, aunque informes posteriores de la Guardia Civil elevan esa cifra por encima de los 3,2 millones.

«La Fiscalía hace bien en no pedir su testifical –aseguran esas mismas fuentes–. Si yo fuera el fiscal tampoco lo haría. Montoro dijo en sede parlamentaria que se gastó un euro de dinero público y eso desmonta la acusación de malversación».

La Fiscalía del Tribunal Supremo remitió ayer precisamente a la Sala de lo Penal del Alto Tribunal los motivos que justifican, e su opinión, la citación de los 256 testigos que propone para que declaren en el juicio del «procés». En el escrito, firmado por el fiscal Javier Zaragoza, solicita que testifiquen, entre otros, el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, que coordinó el operativo policial el 1-O, así como diversos asistentes a la Junta de Seguridad celebrada el 28 de septiembre del pasado año, en la que se decidió el despliegue policial en la jornada del referéndum ilegal.

El Ministerio Público pide también que declaren como testigos decenas de agentes en relación a «diferentes episodios de violencia acaecidos durante el mes de septiembre de 2017», en especial los incidentes durante el registro de la sede de la Conselleria de Economía el 20 de septiembre de 2017, cuando la comisión judicial estuvo retenida durante horas por miles de manifestantes al no garantizar los Mossos su evacuación. En esa relación también se incluye a una docena de testigos para intentar acreditar «la ejecución de diferentes incidentes intimidatorios» que se produjeron ese mismo mes.

La acusación pública insta igualmente a la Sala a dar el visto bueno a la comparecencia de los dos ex miembros de la Mesa del Parlament que votaron en contra de tramitar la batería de leyes independentistas, así como de los letrados de la Cámara autonómica que alertaron de la inconstitucionalidad de aprobar esa normativa, advertencia a la que la entonces presidenta de la institución, Carme Forcadell, hizo oídos sordos.

Asimismo, la Fiscalía del Supremo quiere interrogar a varios guardias civiles y policías «lesionados el 1-O, a consecuencia de los violentos enfrentamientos que se produjeron» al intentar dar cumplimiento al mandato judicial de impedir la votación soberanista suspendida por el Tribunal Constitucional (TC).

Los miembros del Instituto Armado que analizaron los correos electrónicos intervenidos a los acusados, los que participaron en los diferentes registros y los que investigaron el supuesto desvío de fondos públicos para la «preparación, supervisión y realización del referéndum del 1-O y la estrategia internacional del Govern para conseguir la independencia» también son propuestos como testigos. Al igual que el encargado de supervisar las cuentas de la Generalitat, durante la intervención de la Administración autonómica, y de investigar el supuesto «uso indebido y disposición ilegal de fondos públicos».

Por último, también quiere esclarecer la negativa de la Consejería de Territorio de la Generalitat al atraque en el puerto de Barcelona de la embarcación en la que Interior alojó a los agentes que formaban parte del operativo del 1-O.