Más de 3.000 millones de euros bajo sospecha en Andalucía

El caso de la formación es el más grave, junto a los ERE, que salpica a la Junta de Andalucía. La jueza Mercedes Alaya –María Núñez Bolaños se encarga de las diligencias tras su apartamiento– fue la que halló el primer hilván de la madeja, al constatar vasos comunicantes con la causa de los ERE fraudulentos. Uno de los más significativos lo adelantó este periódico: el pago de 8 millones por parte de UGT a empresas tapadera del «conseguidor» Juan Lanzas, tal y como exponía un atestado de la Guardia Civil.

A partir de ahí Alaya abrió una pieza de investigación que declaró secreta y fue armando las piezas del puzzle con testimonios judiciales como el del ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, que le fueron llevando hacia la mata del fraude. Guerrero aseguró en el despacho de la magistrada que la partida del «fondo de reptiles» era poca cosa –54 millones de euros– en relación con los 290 millones de euros al año de la Dirección General de Formación. Y efectivamente en la Dirección General de formación estaba el manantial de irregularidades. Así lo constató un informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía que se hizo público el 30 de enero de 2014 y que acabó de abrir de par en par el escándalo. Los auditores detectaron irregularidades a todos los niveles en 746 millones de formación otorgados sólo en 2009 y 2010.

El ex consejero de Empleo Antonio Fernández acude hoy al juzgado para declarar por esta causa. No es el único alto cargo socialista imputado. Recientemente pasó por la comisión de investigación el ex consejero de Hacienda Ángel Ojeda Avilés, cuyo conglomerado empresarial recibió en torno a 50 millones de euros en ayudas.

El problema fundamental ha sido la falta de diligencia de la Junta en el control de las ayudas. Esta circunstancia facilitó el trabajo a los defraudadores. No es hasta el año 2012, al cambiar el sistema de control del Servicio Andaluz de Empleo (SAS), cuando la Intervención detecta el desmán que se estaba produciendo con los fondos de formación. La formación se convirtió en un negocio lucrativo y una fuente de estafa para muchos empresarios.

Los datos superan con creces a los de los ERE. Entre 2002-2012 la Junta tramitó expedientes que se elevan a 2.896 millones. La Guardia Civil constató que hay 1.298 millones sin justificar.