Moncloa agita a Bruselas a favor de la amnistía: “Sin Sánchez habrá lío de nuevo”

Hasta Bruselas estaría a favor de la amnistía a Puigdemont si se hace caso de lo que cuentan en el círculo de confianza del presidente en funciones, Pedro Sánchez. Moncloa ha incluido este eslogan en su campaña de narcotización de la opinión pública, y no es casual que la primera referencia del presidente en funciones, Pedro Sánchez, a la palabra maldita, amnistía, la haya hecho en la clausura de la cumbre europea de Granada. A día de hoy, en el Gobierno en funciones presumen de controlar la respuesta europea y de que la calle «tampoco es un problema», por lo que la única variable que siguen sin dar por totalmente sometida a sus planes es la del expresidente de la Generalitat, aunque se muestran bastante confiados en que no boicoteará al nuevo Gobierno de coalición. Sin embargo, este discurso no puede ocultar del todo el margen que existe para que la Comisión Europea interprete que hay una falta de respeto a la división de poderes. «Por menos que esto suspendieron los fondos a Polonia», avisan fuentes del Partido Popular Europeo. También el Supremo está legitimado para acudir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Pero Sánchez y los suyos están convencidos de que tienen por delante la oportunidad de presentarse en Bruselas como los «pacificadores» de Cataluña y como la única garantía de evitar que España entre en una crisis territorial de graves consecuencias para la estabilidad comunitaria. Con todos los problemas que ya hay en Francia, Italia o países del Este, cada vez más recelosos con el coste de la guerra de Ucrania, los agentes de Pedro Sánchez también van a viajar fuera de España a explicar los supuestos efectos en «la estabilidad y en la reconciliación» del perdón a Puigdemont y a los demás procesados por el referéndum ilegal del 1-O.

«Bruselas no va a quejarse, ni tampoco va a tener éxito la internacionalización de la lucha contra la amnistía por parte del PP», aseguran fuentes del Gobierno en funciones. En una inversión de los papeles y de los discursos mantenidos en el ámbito internacional hasta que el 23J colocó la investidura en manos de Puigdemont.

Moncloa anticipa que Bruselas no se va a meter en una cuestión como ésta, que entra dentro de las competencias nacionales, y que además es una vía que «tiene como objetivo cerrar las heridas de una de las más graves crisis territoriales que ha vivido el país». Por poco que avancen más en la campaña de propaganda, acabarán haciendo suyo, de manera explícita, el argumento independentista de que «la Justicia española actuó de manera desproporcional ante unos sucesos que no fueron bien gestionados políticamente por el Gobierno de Mariano Rajoy».

El único obstáculo que atisban en el camino es el Tribunal Supremo, pero los socios se muestran seguros de que la ley se elaborará de tal manera que cortocircuitará la capacidad del Alto Tribunal de interferir en el procés. El blanqueamiento de Puigdemont y del referéndum ilegal les anima, asimismo, a pensar que si el Supremo acude a la Justicia europea, mediante una cuestión prejudicial, acabará una vez más quedando en evidencia. Y cualquier recurso que llegue al Tribunal Constitucional lo dan por ganado de antemano.

El evidente enfrentamiento del Gobierno de coalición con el Supremo, y la versatilidad de Sánchez a la hora de defender una cosa y la contraria, hasta hacen verosímil imaginarse al Gobierno en funciones dando pábulo en Bruselas a la acusación de Puigdemont de que ha sido víctima de una persecución judicial. Con su formulación en otros términos, pero el sentido de la política de Moncloa lleva a la misma conclusión. Los buenos contactos europeos de Sánchez, empezando por la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen, le permitirán, según la versión de Moncloa, apagar cualquier atisbo de oposición comunitaria a su amnistía. No sólo eso, sino que incluso creen que podrán utilizar la decisión de Europa de mirar hacia otro lado como escudo para dotarse de mayor legitimidad ante la opinión pública española.

Por cierto, respecto a esta última, en el entorno del presidente también desprecian la capacidad de la calle de alterar sus planes. Están confiados en que la derecha no podrá mantener en el tiempo la agitación de sus bases, y de que la mayoría social se siente al margen de la amnistía, «una cuestión que ven lejana, como algo de los catalanes». Si se envuelve en el lema de la estabilidad y la concordia, los ideólogos de la propaganda pro amnistía están convencidos de que será bien vista por los votantes de izquierda y de centro.

La situación es tan paradójica que el expresidente catalán negocia con el Gobierno en funciones para obtener una amnistía que elimine los delitos por los que le persigue el Tribunal Supremo, al mismo tiempo que tiene que armar su defensa frente a la posible reactivación de una solicitud de entrega europea. Se está a la espera de que el magistrado Pablo Llarena, lance una nueva Orden de Detención Europea (OEDE).

La negociación con el Gobierno en funciones ha permitido a Puigdemont insistir en las deficiencias estructurales del funcionamiento del sistema judicial español. El ex presidente y el independentismo se están moviendo con habilidad en el ámbito europeo para explotar los titulares que le colocan como hombre decisivo para la formación de un nuevo Gobierno tras el 23J. Y a su favor cuenta también con las declaraciones de Sánchez y con la fotografía con la vicepresidenta en funciones, Yolanda Díaz