Moncloa traslada toda la presión a Junts con la ley de amnistía: "Si alguien se descuelga, tendrá que explicarlo"

El sentir general en Moncloa es de nerviosismo, a menos de dos horas de la votación clave en el Congreso de los Diputados, para dar luz verde a la ley de amnistía. La sensación de agotamiento con la negociación con los independentistas para sacar adelante la ley es de máximos. Junts pone ahora en peligro la norma que ha nacido para cumplir con las demandas de Junts y dar apoyo a Pedro Sánchez como presidente del Gobierno y la sensación en el Ejecutivo es de estar dispuestos a que si el independentismo no cesa en sus peticiones, el texto decaerá.

El Gobierno sigue negociando con los grupos parlamentarios hasta el último minuto para salvar la ley de amnistía. Pero las enmiendas vivas de los independentistas pueden hacer descarrilar la norma. El objetivo de Junts, de blindar al expresident fugado de un posible delito de traición del Estado, es ahora la máxima para el partido. Y, de momento, el Gobierno no está dispuesto a ceder. "Si alguien se descuelga, tendrá que explicarlo", contestan en el Ejecutivo al último órdago de los de Puigdemont de amenazar con votar en contra del texto de la ley de amnistía esta tarde.

El Ejecutivo echa así el resto ante una votación que ya ve perdida. Se encuentra ya en la entonación del relato, de cara a una legislatura que ven agrietada y difícil de seguir gobernando bajo el yugo de Junts. La próxima parada de negociación in extremis serán los Presupuestos Generales del Estado, donde en el PSOE, ahora, restan importancia y empiezan a hacer cuentas para volver a prorrogarlos.

En el Gobierno defienden el "máximo respeto al poder legislativo", en referencia a lo que en otros partidos ven como "interferencia" del Poder Judicial en la vida parlamentaria y trasladan todo el foco a los grupos parlamentarios para sacar adelante la norma. El Gobierno sigue defendiendo, en boca de la ministra portavoz, Pilar Alegría, que la ley de amnistía es "plenamente constitucional" y que servirá para "garantizar y mejorar la convivencia de Cataluña" pero "también la de Cataluña con el resto de España".