Nueve de cada diez catalanes creen que hay mucha corrupción

La percepción que la población catalana tiene entorno al tema de la corrupción se ha deteriorado significativamente en los dos últimos años, lo que a entender de Daniel de Alfonso, director de la Oficina Catalana Antifraude (OCA), requiere una inmediata reacción de la Generalitat de Cataluña. «El Gobierno catalán ha de escuchar el clamor ciudadano contra la corrupción y tomar conciencia, porque esto no puede seguir así», señala De Alfonso. Según una encuesta realizada por la OCA, el 79,5% de los catalanes cree que en Cataluña hay mucha o bastante corrupción y el 92,8% considera que éste es un problema muy o bastante grave, cuando en 2010 ese mismo porcentaje era del 78,8%. En esta línea, el 60,8% considera que se ha producido un aumento de la corrupción en Cataluña en los últimos años.

Las instituciones peor valoradas en lo que se refiere a la extensión de la corrupción son los partidos políticos, las entidades financieras y los ayuntamientos, mientras que las que se consideran más limpias son las universidades, clubs deportivos y asociaciones. El 79,3% de los encuestados cree que quienes ostentan un cargo político son poco o nada honestos y un 83,95% considera que los partidos tienen poco o ningún interés en la lucha contra la corrupción mientras que el 97,3% opina que dentro de estas organizaciones hay corrupción.

En lo que se refiere a las administraciones públicas, el 54,2% cree en la honestidad del personal, mientras que los servicios públicos en los que se considera más extendida la práctica corrupta son, por orden, las obras públicas, el urbanismo y la justicia

Ante este panorama de desconfianza ciudadana, el 97,3% se manifiesta a favor de una ley de transparencia y acceso a la información y el 96,2% cree que los políticos han de regirse por un código de buenas prácticas. El 95% de los interrogados opina que una política transparente es una buena arma contra la corrupción. Cerca del 90% cree que los organismos públicos ocultan información a los ciudadanos siempre o habitualmente.

La OAC reclama de forma urgente una ley de transparencia y acceso a la información, en la que además se incorpore la protección al denunciante, y pide ser el órgano encargado de velar por su buen funcionamiento.

En cuanto al grado de responsabilidad, la Generalitat, el Parlamento de Cataluña, los partidos políticos y las administraciones públicas, por este orden, son a ojos de los ciudadanos las instituciones responsables de velar por las buenas prácticas y a todas ellas les otorgan una puntuación superior al 8 sobre 10 en la responsabilidad que deberían asumir en la lucha contra la corrupción.

Pero los propios encuestados asumen también su parte de responsabilidad. Siete de cada diez dicen considerarse corresponsable en la lucha contra la corrupción y el 79,8% rechaza el soborno. En lo que se refiere a las denuncias sobre corrupción, el 50% cree que no sirven para nada y un 90,3% ve imprescindible una mayor protección del denunciante. Asimismo, otorgan un destacado papel a la educación y formación de la juventud en el valor de la integridad como herramientas clave para luchar contra la corrupción, con una nota de 9,29 sobre diez.