El uso de las lenguas cooficiales, catalán, euskera y gallego, en espacios institucionales del Estado es un tema que, aun amparado por la Constitución, sigue despertando controversia, especialmente tras la Conferencia de Presidentes celebrada en Barcelona el pasado viernes.

La celebración no estuvo exenta de reacciones políticas y mediáticas. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, fue una de las figuras más críticas con esta medida. Tal como había anunciado previamente, abandonó la reunión cuando el lehendakari vasco, Imanol Pradales, comenzó su intervención en euskera. “Todo lo que me tengan que decir, en el mismo idioma, en español”, dijo Ayuso un día antes en la Asamblea de Madrid.

A raíz de esta situación se ha desatado un intenso debate en el que las redes sociales no han sido ajenas. Uno de los centros del debate es el coste que supone el sistema de traducción simultánea que habilitó el Gobierno central, por valor de 11.616 euros y contratado a la empresa Altalingua. Esta medida, adoptada por primera vez en el foro del pasado viernes, tenía como objetivo permitir que los presidentes autonómicos que lo desearan pudieran expresarse en sus respectivas lenguas oficiales.

Una de las opiniones más comentadas es la de El profesor de TikTok (@elprofesordetiktok). En su intervención, el creador de contenido critica con ironía la inversión pública en traducción durante el acto institucional:

“11.600 euros nos ha costado que estos dos señores puedan hablar en su respectiva lengua, catalán y vasco, en la conferencia de presidentes. (…) Para coger el dinero del resto de los españoles para el famoso cupo catalán y vasco, estoy seguro que el español funciona. Eso sí, para entenderse con el resto, que pague España. 11.600 euros nos ha costado la bromita”.

La publicación ha generado un aluvión de reacciones, tanto a favor como en contra. Algunos usuarios, como en este comentario viral, defienden la legitimidad del gasto: “Digo yo, que ese dinero será tan tuyo como mío. Y yo tengo derecho (como así lo reconoce la Constitución) a poder hablar en mi idioma. No será que sólo fastidia ese dinero a los que no tenéis una segunda lengua?”

Otros, en cambio, cuestionan la prioridad presupuestaria: “¿Tanto nos sobra el dinero? ¿No se podía gastar ese dinero en investigación, hospitales, educación…?”.

¿Un coste simbólico o un gasto innecesario?

El contrato de 11.616 euros cubrió el servicio de interpretación simultánea para una reunión de alto nivel con presencia de todos los presidentes autonómicos. Aunque la cifra no sea tan elevada, representa un gasto dentro de los presupuestos generales del Estado. No obstante, su carga simbólica ha resultado ser mucho más significativa debido al intenso debate en torno al uso de lenguas oficiales que no sean el español.

Desde el Ejecutivo, el objetivo era claro: responder a las demandas de los gobiernos catalán y vasco y dar pasos hacia una mayor pluralidad lingüística en las instituciones del Estado, algo que ya ocurre de forma habitual en parlamentos autonómicos o en foros europeos, donde la traducción simultánea está plenamente normalizada, aunque su uso en foros centralizados hay quien lo puede considerar prescindible y defienda el uso compartido de la lengua de toda la nación.

¿Qué dice la Constitución?

La Constitución española reconoce el castellano como lengua oficial del Estado, pero también establece que las demás lenguas españolas serán oficiales en sus respectivas comunidades autónomas. Esta protección legal ha sido una de las bases sobre las que se ha asentado la defensa del uso del catalán, euskera o gallego en espacios públicos, incluidas las instituciones del Estado.

El vídeo de @elprofesordetiktok ha puesto de relieve que el debate no es sólo económico. Detrás de las críticas, muchos ven una cuestión de identidad y cohesión nacional. ¿Es lógico permitir que los líderes autonómicos hablen en sus lenguas cooficiales aunque todos comprendan el castellano? ¿O es precisamente en esos gestos donde reside el respeto a la diversidad y el reconocimiento a la pluralidad del Estado español?

Mientras unos ven en este tipo de iniciativas una “bromita cara”, otros las interpretan como un paso necesario hacia la convivencia respetuosa entre distintas realidades culturales y lingüísticas. Lo que está claro es que el debate, lejos de agotarse, ha encontrado un nuevo escenario en las redes sociales, donde los “pinganillos” se han convertido, por unos días, en algo mucho más allá de instrumentos de traducción.