Tribunales

Otras 131 plazas entre los letrados de Justicia

Piden un complemento retributivo

Otras 131 plazas entre los letrados de Justicia
Otras 131 plazas entre los letrados de Justicialarazon

Una situación parecida a la que atraviesa la Judicatura en Cataluña es la de los letrados de la Administración de Justicia. La situación que vivió la letrada encargada del registro en la Consejería de Economía, cuando tuvo que salir escoltada, reflejó en buena parte lo que también este Cuerpo tiene que soportar ante las presiones independentistas radicales. Una situación que hizo que a finales del año pasado existiesen ni más ni menos que 131 plazas vacantes, según se detalla en laMemoria del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

En concreto, de los 655 letrados de la Administración de Justicia que ejercían en Cataluña a 321 de diciembre del pasado año, sólo 525 eran titulares de las plazas, mientras que otros 130 eran sustitutos.

Sobre esta problemática, Rafael Lara, presidente del Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia, destaca que este Cuerpo, «como se ha demostrado en los últimos tiempos, como por ejemplo con los registros en la causa del “procés”, es el sostén de la Administración de Justicia en Cataluña». Y, añade al respecto, por ese motivo, es indispensable promover medidas «que no sólo faciliten nuestro trabajo en Cataluña, por el bien de todo, sino que hagan atractivo ejercer allí, incluso económicamente, con un complemento retributivo –sería competencia del Ministerio de Justicia– y permanecer en Cataluña, ejerciendo nuestra función». Los que van a Cataluña «suelen ser los nuevos letrados que acaban de aprobar las oposiciones,, pero el ambiente genera que quieran irse».

La sobrecarga de trabajo que padecen es otra de las causas principales, a juicio de Rafael Lara, por la que los letrados de la Administración de Justicia buscan otros destinos fuera de Cataluña en el momento en que tienen oportunidad; sobrecarga de trabajo que, añade, «no sólo genera tantas vacantes, sino que se perjudica el servicio público al ciudadano».