Un asesor fiscal se pronuncia tras la prórroga de Verifactu: "Nos han hecho perder años de trabajo"

Saltaba la noticia esta semana. El Ministerio de Hacienda tomaba la decisión de aplazar hasta el año 2027 la entrada en vigor del sistema Verifactu ante la falta de claridad y de información al respecto, generando una alarma entre pymes y autónomos.

Se trata del nuevo sistema de facturación electrónica activado el pasado mes de mayo, creado con el objetivo de poner fin a las facturas que pueden modificarse sin dejar rastro. La idea del ministerio dirigido por María Jesús Montero era el de combatir el fraude fiscal y digitalizar los procesos de facturación de empresas y autónomos.

Sin embargo, la creación de esta herramienta provocó serias confusiones entre los ciudadanos, que desconocían la normativa y quién debía acogerse a ella. Por ello, la norma ha quedado aplazada hasta el año 2027, que será cuando entrará en vigor definitivamente.

Una decisión que ha supuesto un gran alivio para muchos, pero que afectará de manera contundente a otros ciudadanos. Y es que multitud de empresarios han alzado la voz al verse perjudicados por el aplazamiento. Uno de ellos es Yannick Charton, CEO de Valio Consulting, compañía especializada en asesoramiento fiscal y contable y que ha explicado las consecuencias de esta medida.

Años de trabajo tirados por la borda

La decisión del Ministerio de Hacienda es la de aplazar la aplicación de Verifactu de manera obligatoria hasta el 1 de enero de 2027. Con ello, se marcha el trabajo de Valio Consulting. "Hemos dedicado tres años a preparar a cientos de pymes, y sin anuncio previo nos trasladan que habrá un año más. Hacienda nos ha hecho perder años de trabajo", confirma Yannick Charton, CEO de la empresa.

Y es que todo el tiempo y el esfuerzo invertido durante los últimos años parece haber sido 'en vano', puesto que la medida se retrasa un año más de lo previsto. El Gobierno planeaba implantar de forma obligatoria esta herramienta para la entrada de 2026, pero todo ha cambiado.

"Se ha invertido tiempo y esfuerzo en acompañar a nuestros clientes, estableciendo alianzas tecnológicas para llegar al último día del año con todo en orden. Y a menos de un mes nos anuncian otra prórroga", declara el CEO de Valio Consulting.

Falta de claridad

Si hay un motivo que explica el aplazamiento es la falta de entendimiento del Ministerio con los ciudadanos afectados. "Durante meses, muchos autónomos y pequeños negocios han vivido con la idea equivocada de que Verifactu era obligatorio para todos. Esa sensación —alimentada en parte por comunicaciones poco precisas— abrió la puerta a que algunas empresas vendieran soluciones que no eran necesarias", explica Fernando Jesús Santiago, presidente del Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos de España (CGCGAE).

La medida había generado mucha confusión entre pymes y autónomos, que desconocían si estaban obligados o no a realizar la facturación a través de esta herramienta. Por ello, desde el Consejo señalan que este año adicional es útil si se invierte para definir y comunicar con precisión qué empresas están obligadas y cuáles no, para garantizar una implantación técnicamente viable y homogénea, para evitar costes injustificados para autónomos y micropymes y para asegurar que Verifactu no se convierta en una nueva fuente de carga administrativa.

Los economistas cargan contra Hacienda

Las críticas contra la decisión de Hacienda se postergar la implantación del sistema de facturación Verifactu empieza a extenderse en el sector empresarial. El último colectivo en hacerlo ha sido el Consejo General de Economistas (CGE), que ha cargado contra el retraso de la entrada en vigor del nuevo sistema de verificación de facturas porque "un cambio tan tardío complica la organización interna de las empresas y genera dudas sobre la estabilidad del marco normativo".

Por ello, han advertido que la inseguridad jurídica que ha generado para las empresas que ya habían planificado sus recursos y organizado la adaptación de sus sistemas confiando en los plazos inicialmente establecidos "afecta especialmente a los negocios con menos capacidad administrativa y menor margen para absorber imprevistos". En este contexto, han puesto de manifiesto que es imprescindible que "los plazos de entrada en vigor de las normas no se modifiquen a última hora" y que estas se mantengan "estables en el tiempo para permitir a las empresas y empresarios planificar con seguridad y adaptar sus procesos sin incertidumbres".

Aunque el CGE reconoce que la ampliación del plazo puede suponer un "respiro" para las empresas que todavía se estaban adaptando al nuevo reglamento, para las que ya lo habían hecho va a implicar "costes adicionales derivados de ajustes de última hora".