Polémica sanitaria

La frase que destapó el culebrón interno de Torrejón: “Graba la reunión, tenemos que protegernos"”

LA RAZÓN accede a la denuncia policial de la directora de enfermería que revela que fue empujada por la gerente cesada al ver en entredicho su gestión

MADRID.-CCOO Madrid señala que la "responsabilidad máxima" en el Hospital de Torrejón es de Comunidad, "que mira para otro lado"
MADRID.-CCOO Madrid señala que la "responsabilidad máxima" en el Hospital de Torrejón es de Comunidad, "que mira para otro lado"Europa Press

Nuevas informaciones sobre los audios del Hospital de Torrejón arrojan más luz sobre un conflicto interno entre directivos que recuerda más al guion de una serie política que a la gestión ordinaria de un centro sanitario.

La denuncia ante la Policía de la directora de Enfermería, a la que ha tenido acceso LA RAZÓN, relata cómo la entonces gerente del centro (cesada hace dos meses, en octubre pasado), María Pilar Navarro, le pidió que grabara en secreto la reunión convocada en septiembre por el nuevo CEO, Pablo Gallart, para conocer la situación del hospital. «Tienes que grabar la reunión porque yo no lo puedo hacer y tenemos que protegernos», cuenta la enfermera en la denuncia. Una conversación que después sería filtrada, "editada" y convertida en el origen de una crisis sanitaria y política que ha llegado a cuestionar la gestión privada de hospitales públicos.

Para entender por qué «tenemos que protegernos» hay que hacer una recapitulación de los acontecimientos. La historia arranca con un relevo en la dirección del grupo. En mayo, el accionista mayoritario, el conglomerado francés Vivalto, decide cesar a la CEO de Ribera, Elisa Tarazona, y sustituirla por Pablo Gallart. Tarazona era tía de María Pilar Navarro, gerente del Hospital de Torrejón. El movimiento supuso ya un golpe interno en la estructura de confianza del centro.

Gallart llegó en septiembre al hospital para realizar una auditoría y revisar su funcionamiento. Por eso convocó la reunión entre directivos que fue grabada y que desencadenó la cascada de acontecimientos.

Pero tres meses antes de que el nuevo CEO pisara el centro, varios jefes de servicio y mandos intermedios habían solicitado oficialmente la destitución de la gerente, María Pilar Navarro, con un argumento contundente: que estaba priorizando criterios económicos sobre la calidad asistencial y que el clima interno se había deteriorado de manera notable. Por ello pedían su sustitución, aseguran fuentes del Grupo Ribera Salud. Una petición que fue atendida.

En octubre, cuando su cese ya estaba prácticamente decidido, Navarro presentó una denuncia interna a través del canal corporativo del grupo. En ella señalaba supuestas irregularidades en la gestión del hospital. Pero lo relevante es que esa denuncia replicaba punto por punto las acusaciones que los jefes de servicio habían formulado originalmente contra ella. Es decir, «acusaba a otros de las mismas irregularidades que, semanas antes, los mandos le atribuían a ella», aseguran las mismas fuentes. Intentaba así invertir el relato y trasladar a terceros la responsabilidad de lo que se le imputaba.

La propia enfermera expone asimismo en su denuncia que se sumó a esa queja interna, junto a otros profesionales, «informando de irregularidades ocurridas en el hospital y retractándose de la carta firmada días más tarde».

En la denuncia, la enfermera explica también que remitió la grabación al marido de la gerente, Enrique Gonzalvo, a través de Telegram. Lo que nunca imaginó es que después se encontraría parte de la grabación en los medios de comunicación. Por eso acudió a la Policía el pasado 5 de diciembre para dejar constancia de que «no fue ella quien proporcionó esta grabación a los medios».

Esta semana, los jefes de servicio y supervisores de enfermería quisieron dejar claro en un comunicado que «en todo momento» habían trabajado «desde una ética incuestionable». «Hemos actuado con responsabilidad y profesionalidad», afirmaron cuando se conocieron los audios en los que supuestamente se instaba a rechazar pacientes y aumentar las listas de espera para incrementar beneficios. Unas prácticas que, según los profesionales, nunca se aplicaron.

Después, el CEO del grupo, Pablo Gallart, en una carta enviada esta semana a su entorno más cercano, afirma que el archivo difundido «había sido editado y recortado» y que solo la denuncia de la enfermera le permitió acceder al audio íntegro de 1 hora y 21 minutos. En la grabación completa, según sostiene, se incluyen frases omitidas que desmienten las acusaciones publicadas. El contenido del audio, al que ha tenido acceso este diario, refuerza esa interpretación de conflicto interno y desmiente que la conversación girara en torno a una búsqueda deliberada de beneficios. En la reunión, Gallart insiste en que el hospital debe operar con los recursos que asigna la Administración y recuerda que «los recursos son limitados para cualquier gobierno del mundo». Subraya, además, que el contrato obliga a ofrecer un servicio con estándares equivalentes a los de la red pública y recalca que, históricamente, el operador ha sido «capaz de ofrecer servicios de mayor calidad que la pública».

El audio también muestra que el nuevo CEO había trasladado al accionista mayoritario la inviabilidad económica del centro. «He convencido a los franceses de que es imposible que Torrejón genere dinero de aquí a 2039», afirma durante la reunión, antes de explicar que Vivalto aceptó esa premisa.

Gallart añade que el grupo no exigirá un resultado positivo al hospital y que las inversiones realizadas (que cifra en 120 millones de euros) se dan por asumidas: «Si ya hemos invertido 120 millones, lo damos por perdido, no pasa nada». El directivo asegura que el grupo «está dispuesto a continuar con el proyecto, aunque la rentabilidad futura sea cero» y que el objetivo es garantizar la supervivencia del centro: «Lo que estamos hablando aquí es cómo podemos hacer para que sobreviva». Recalca, además, que Torrejón «no va a ser nunca un negocio» y que así lo sabe la Administración. La única exigencia, subraya, es mantener unas listas de espera «mucho menores que las de la red pública» y asegurar un servicio de calidad con los recursos disponibles.

A partir de ahí, la crisis comenzó a desplazarse hacia el terreno institucional en un puente de la constitución en el que el foco de la izquierda para desgastar al Gobierno de Ayuso se ha centrado en la sanidad y la universidad. La Comunidad ha concluido que las listas de espera del centro son «muy inferiores a la media» y que los pacientes valoran su atención con un 8,6 sobre 10.