Tras el fragor mediático de dos semanas de juicio, el silencio. Álvaro García Ortiz ya espera sentencia. Y todo apunta a que no será una espera larga, como la de esos trenes que nunca terminan de entrar en la estación. En un juicio por revelación de secretos, por una supuesta filtración al fin y al cabo, el hermetismo se impone –qué mayor paradoja que acabe filtrándose la sentencia del tribunal que juzga una filtración–. Ni siquiera la fecha, aunque sea por aproximación. «No hay plazos», se escucha con extremada cautela en la plaza de las Salesas. Pero lo previsible (ese paraguas bajo el que solemos protegernos los periodistas para evitar que el chaparrón de la realidad nos acabe calando) es que el fallo se haga público antes de fin de año. Incluso antes de que expire noviembre, apuntan los más optimistas.

«Dependerá de si hay unanimidad o no», apuntan las fuentes consultadas (se antoja complicado, a priori, que sea una resolución sin fisuras). «Y de si hay cambio de ponente», añaden para embrollar más el pronóstico. Y es que si la magistrada encargada de redactar la sentencia, Susana Polo, presentara a la consideración de sus compañeros una absolución, un suponer, y la mayoría del tribunal no la respaldase, el presidente de la Sala, Andrés Martínez Arrieta, debería designar a otro ponente para que se encargara de plasmar negro sobre blanco el sentir mayoritario.

«Tienen que resolver todas las cuestiones previas. No va a ser una sentencia de diez folios. Será extensa», apuntan fuentes jurídicas. «Tienen que meditarlo muy bien», señalan añadiendo más incertidumbre al vaticinio sobre el cuándo, porque sobre el qué se ciernen más nubarrones aún si cabe. Otro apunte, a saber: si hay sentencia en noviembre «es que el tribunal tiene muchas ganas de absolverle» (por lo que una vez tomada la decisión de eximirle de cualquier responsabilidad penal por la filtración de la confesión del novio de Ayuso, el ya célebre correo del 2 de febrero del pasado año –razonan–, el tribunal evitaría prolongar la incertidumbre de García Ortiz, y más tratándose de una alta institución del Estado).

Penas de inhabilitación

Pero, en todo caso, y más allá de dar cumplida respuesta a las denuncias de supuestas violaciones de derechos fundamentales por parte de la defensa del fiscal general –que en todo caso se harán valer ante el Tribunal Constitucional en los más que previsibles recursos de amparo en caso de condena–, los siete magistrados que tienen en su mano el futuro profesional de García Ortiz no solo deben decidir si cometió o no un delito de revelación de secretos, sobre el que ha pivotado todo el juicio durante sus seis sesiones. Y es que el fiscal general también puede ser condenado, con la ley procesal en la mano, por cualquiera de los otros dos delitos que también le imputan algunas acusaciones, y que mantuvieron en sus calificaciones definitivas: la prevaricación y la infidelidad en la custodia de documentos.

Dos acusaciones, Fundación Foro Libertad y Alternativa y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), atribuyen también a García Ortiz un delito de prevaricación, aunque con enfoques no coincidentes, mientras que Manos Limpias plantea como alternativa, en el caso de que el tribunal no vea indicios suficientes para condenarle por revelación de secretos, que sea condenado por infidelidad en la custodia de documentos. Ninguno de estos delitos lleva aparejadas penas de prisión, pero sí de inhabilitación, que en caso de imponerse apartarían del cargo al fiscal general.

Las acusaciones de prevaricación

Y es que si finalmente García Ortiz resulta inhabilitado, quedaría en manos del Gobierno de Pedro Sánchez y de un posible indulto o del Tribunal Constitucional que preside Cándido Conde-Pumpido, que ya enmendó la plana al Tribunal Supremo al anular las condenas por el fraude millonario de los ERE, entre otras las de los expresidentes socialistas de Andalucía José Antonio Griñán y Manuel Chaves.

Para APIF –que reclama la pena más alta para el fiscal general: seis años de prisión y doce de inhabilitación–, la prevaricación (la adopción de una resolución arbitraria a sabiendas de su injusticia) reside en la «orden verbal» de García Ortiz al fiscal Julián Salto –a cargo de la investigación por fraude tributario contra González Amador– a través de la fiscal jefe provincial Pilar Rodríguez para «apoderarse de datos» de los que no disponía. A saber, los correos intercambiados con la defensa del novio de Isabel Díaz Ayuso para intentar cerrar un acuerdo de conformidad.

Una orden que para la defensa del acusado es una preceptiva dación de cuentas amparada por sus prerrogativas como máximo representante de la Fiscalía, pero que el letrado de APIF, Juan Antonio Frago, considera en su escrito de acusación «manifiestamente ilegal» con «manifiesto desprecio a todo cauce o tramitación administrativa», y dictada además «prevaliéndose» de su superioridad jerárquica.

Dos hechos "que no se han discutido"

Fuentes de la acusación ponen en valor a este respecto dos hechos «que no se han discutido». Por un lado, «el acceso al correo por parte del fiscal general», algo que según subrayan «desapodera el secreto». Y por otro, que la nota de prensa que el 14 de marzo, al día siguiente de la supuesta filtración, radiografió los contactos entre el fiscal Salto y el abogado de González Amador, «es cosa del fiscal general», que explicó que él mismo se encargó de participar en su redacción junto a su jefa de prensa para desmentir el bulo de que el pacto de conformidad había partido del fiscal, y no a la inversa, como realmente sucedió.

Por su parte, el abogado de Foro Libertad y Alternativa, Fernando García Capelo –que pide una condena de cuatro años de prisión y tres años de suspensión en el cargo–, sustenta la prevaricación en el hecho de que el fiscal general solicitó que se le enviasen los correos entre Salto y Carlos Neira, abogado de la pareja de Ayuso, a una dirección personal de correo electrónico, y no a la corporativa, dejando así una puerta abierta –mantiene– a borrar el rastro de esas comunicaciones (como efectivamente hizo, según puso de manifiesto en el juicio, cuando se vio obligado a cambiar de correo al haberse filtrado su dirección y recibir amenazas).

Pero incluso en el seno de las acusaciones hay discrepancias respecto a una posible prevaricación, pues ni la acusación particular que representa a González Amador como perjudicado ni el Colegio de la Abogacía de Madrid y Manos Limpias, ambos acusaciones populares, han acusado por este delito. «Una condena por prevaricación la veo imposible», apuntan a este respecto fuentes jurídicas.

Custodio del documento

El tercer y último delito por el que ha sido acusado García Ortiz –y sobre cuya supuesta comisión igualmente deberá pronunciarse el Tribunal Supremo en su sentencia– es el de infidelidad en la custodia de documentos, castigada en el artículo 415 del Código Penal con penas de multa e inhabilitación especial para el ejercicio del cargo entre uno y tres años. En la diana del reproche penal, la autoridad o funcionario público que «a sabiendas y sin la debida autorización» acceda o permita acceder «a documentos secretos cuya custodia le esté confiada por razón de su cargo».

Solo Manos Limpias, y de manera subsidiaria (para el caso de que el tribunal descarte la revelación de secretos), sostiene esta acusación, que parte de una premisa insoslayable, que en su caso deberá determinar la Sala: que el fiscal general del Estado era el custodio de un documento de carácter secreto que acabó filtrándose la noche del 13 de marzo del pasado año (aunque él tribunal no llegue a la convicción de que fue él quien filtró el correo).

Por este delito, que tampoco lleva aparejada pena de cárcel, el abogado de Manos Limpias, Víctor Soriano, pide al Supremo que condene a García Ortiz a dos años de inhabilitación y al pago de una multa de 108.000 euros (a razón de 300 euros al día durante nueve meses). No obstante, el resto de las acusaciones no secundan esta petición alternativa de condena, en la medida en que consideran que ese comportamiento delictivo quedaría englobado en la revelación de secretos, que constituye la acusación principal a la que se enfrenta el fiscal general.