Piden que Koldo y la ex mano derecha de Maroto declaren en la causa del fuel que acecha a Aldama

La acusación popular unificada quiere que Koldo García declare como testigo en el «caso hidrocarburos» para que «aclare su participación en las gestiones realizadas en nombre de Villafuel ante el Ministerio de Industria». Las acciones, a favor esta compañía, iban dirigidas a que obtuviese la licencia del Gobierno para poder trabajar como «operador al por mayor de carburantes». Hay que recordar que a esta mercantil se le investiga por un fraude de 183 millones de euros en el IVA.

La acusación popular unificada, que lidera Hazte Oír, considera que es clave su comparecencia por la «relación estrecha» que este habría mantenido con el empresario Víctor de Aldama, uno de los investigados en este procedimiento que se instruye en la Audiencia Nacional. En el escrito se recuerda, en este sentido, que Koldo «le habría facilitado acceso a distintos contactos cercanos» al Partido Socialista, miembros del actual Gobierno y otros funcionarios de la Administración.

El fin de esa ayuda –sostiene– era que «le abriese puertas», incluida la del Ministerio de Industria, «con el que pactó esa reunión en la que participó» la antigua mano derecha de José Luis Ábalos como ministro de Transportes. Su presencia, advierten, fue desvelada por la empresaria Carmen Pano, administradora de la mercantil, durante su declaración judicial.

La acción popular señala que Koldo habría «posibilitado», a través del encuentro en la sede ministerial, «que pudieran conseguir la licencia de operadora petrolífera» para Villafuel. Como «otra muestra» de las intervenciones de Koldo se refiere a una conversación con Aldama en que le da instrucciones al empresario de cómo solicitar la reunión, adelantándole el día en que se celebraría.

«Es decir, sin necesidad de solicitarla ya se sabía que estaba pactada, el correo era un mero trámite administrativo para que constase que eran ellos quienes la habían pedido». Asimismo, saca a relucir que el que fuera asesor del Ejecutivo, en otra conversación con el empresario, pacta quienes acudirán a la cita en el ministerio, diciéndole –expone la acusación– que a la lista inicial se debían añadir los nombres de dos expertos, en concreto, Mar Delgado y Rafael Romero.

Habría hablado de ello, incluso, con Juan Ignacio Díaz Bidart, que era entonces jefe de gabinete de Reyes Maroto como titular de la cartera de Industria. Además, la acusación popular propone otras cuatro testificales. En primer lugar, la del propio Bidart, para proceder al «contraste» de las comunicaciones interceptadas por los investigadores en que hay datos sobre Villafuel y, precisamente, que recogen la confirmación de la reunión para abordar la autorización estatal.

Esta parte considera que estos mensajes de WhatsApp «conectan de manera directa la figura de Bidart con las gestiones previas a la celebración del encuentro» y, con ello, considera procedente su interrogatorio. Insta así al juez Santiago Pedraz a que cotejar estos mensajes con el testimonio del que fuera «número dos» de Maroto para «resolver si existió una mediación institucional o un simple trámite administrativo».

En definitiva, el argumento que blande es que «solo mediante su comparecencia podrá saberse si la intervención obedeció a una mera gestión formal del gabinete», en este caso de «facilitación de canales administrativos». O si, en cambio, «hubo una mediación activa a instancia de terceros que configuraría un trato privilegiado respecto de la tramitación del expediente» de Villafuel.

Otro de los que la acusación pretende que acuda a hablar ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 es el antiguo director de gabinete de Teresa Ribera (ahora vicepresidenta de la Comisión Europea) cuando era vicepresidenta cuarta de Pedro Sánchez y máxima responsable de la cartera de Transición Ecológica.

El papel de Koldo

La razón que aducen para requerir la citación de Marc Isaac Pons es que, entre los wasaps intervenidos a Koldo, hay una «breve conversación» entre los dos. Que se produjo en la época de la concesión de la licencia a Villafuel. En ella, se relata en el escrito, el asesor «solicita verlo quince segundos para darle los papeles de la solicitud que previamente le había comentado».

En otra previa, Koldo «remite una fotografía realizada a un PDF con un registro de entrada de documentos de Villafuel». En concreto, un informe sobre «afección de fondos». El PSOE, que está personado en el «caso hidrocarburos» como parte de la acusación popular, ha vuelto a querer dejar constancia en el escrito de su oposición.

La representación letrada de Ferraz «no está de acuerdo con estas diligencias por entender que se refieren todas ellas a supuestas gestiones relacionadas con la concesión de la licencia a Villafuel». El motivo en que apoyan su «no» es que considera que estas gestiones «no son objeto de la presente investigación judicial». Las dos últimas testificales que pide el resto de la acusación son de los dos «expertos» que habrían estado en el ministerio.