La Policía desarticula un grupo que secuestró en Portugal a un empresario que apareció en Barcelona amordazado

Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con los Mossos d’Esquadra y la Policía Judiciaria portuguesa, coordinada por EUROPOL, han desarticulado un grupo criminal que secuestró en Portugal a un empresario que apareció amordazado en Barcelona. Han sido detenidas nueve personas, cinco en Torremolinos (Málaga) y los otros cuatro en Alicante, Sucina (Murcia) y Málaga; seis de ellos están relacionados con el secuestro del empresario y los otros tres con el intento de secuestro de una empresaria en la localidad portuguesa de Setúbal.

La investigación se inició a raíz de que el pasado 24 de agosto, un empresario luso fue interceptado violentamente cuando llegaba a una propiedad inmobiliaria que tenía en venta y tenía que mostrar a unos posibles compradores, en la zona de Almancil (Portugal). La víctima fue abordada por varios hombres que accedieron a su vehículo, lo golpearon, amenazaron con armas de fuego y lo amordazaron.

Los asaltantes se desplazaron con el vehículo de la víctima 1.200 kilómetros, en un trayecto que duró unas 20 horas aproximadamente. Primero por diferentes puntos de Portugal, para después atravesar la frontera española hasta llegar a la localidad de Collbató (Barcelona), donde lo dejaron abandonado en una zona boscosa atado a un árbol.

Un vecino localizó a la víctima mientras circulaba por la carretera y alertó a la Policía Local del municipio. Los agentes activaron el Sistema de Emergencias Médicas (SEM) que trasladó al hombre a un centro sanitario para comprobar su estado de salud puesto que presentaba varias lesiones por el cuerpo y se encontraba desorientado.

Mientras lo tenían retenido, los secuestradores, mediante violencia y a punta de pistola, obtuvieron las claves bancarias de la víctima y realizaron numerosas transferencias desde su cuenta corriente a otras cuentas ubicadas en Francia y en Lituania. El perjuicio económico causado a la víctima superaba los 100.000 euros, a pesar de que habían intentado defraudar más cantidades, puesto que no fue posible completar las elevadas transferencias que pretendían materializar. A parte, los secuestradores también sustrajeron las tarjetas bancarias de la víctima y el código pin, con las cuales efectuaron reintegros en cajeros automáticos y compras de aparatos electrónicos en establecimientos comerciales del centro de Barcelona.

A partir de la denuncia, y con la localización de la víctima, las gestiones de investigación permitieron conseguir la identificación y localización de los delincuentes que residían en territorio nacional.

El 11 de diciembre, una empresaria portuguesa estacionó el vehículo ante su casa en Setúbal. Sin llegar a acceder al domicilio, recordó que tenía que hacer otra gestión y volvió atrás. En aquel momento apareció otro coche con tres personas que se cruzó ante el vehículo de la víctima y le impidieron su huida.

Dos de las personas que iban a bordo de dicho vehículo se apearon del mismo y amenazaron a la empresaria con un arma de fuego. Alertado por los gritos, su pareja salió y forcejeó con los secuestradores, los cuales finalmente desistieron del secuestro, pero huyeron con el vehículo de la víctima.

Un sistema de geolocalización, sumado a la denuncia de los hechos ante las autoridades policiales portuguesas, permitió ubicar a los secuestradores en Torremolinos (Málaga), lugar donde una patrulla de Policía Nacional detuvo a las cinco personas implicadas en los hechos, dos de las cuales también estaban relacionadas con el primer secuestro investigado.

Gracias a la declaración de las víctimas, los investigadores obtuvieron información sobre cómo estaba conformado el grupo responsable del secuestro. Tres personas eran las encargadas de materializar el secuestro, mientras que los otros se encargaban del entramado bancario que recibió y dio salida al capital sustraído a la primera víctima localizada en Collbató (Barcelona).

En cuanto al primer secuestro, la investigación permitió obtener datos de algunos de los presuntos autores, siendo localizados en las provincias de Alicante, Málaga, Murcia, y otros países como Francia y Portugal.

Las gestiones asociadas a las transferencias bancarias hechas por los investigados a cuentas corrientes de Francia y Lituania motivaron la colaboración con otros operadores policiales europeos.