PSOE y PNV aplazan a junio la elección del magistrado del Tribunal Constitucional en el Senado

El Tribunal Constitucional seguirá funcionando dos meses más sin sus doce miembros. Este martes, el Senado ha prorrogado hasta el 20 de junio el nombramiento del magistrado que queda pendiente y que debe cubrir la vacante que dejó Alfredo Montoya, que renunció al cargo por motivos de salud en julio. En concreto, PSOE y PNV han unido sus votos en la reunión de la Mesa del Senado para aprobar un nuevo aplazamiento de la elección, que correspondería a un magistrado de signo conservador. En estos momentos, el TC funciona con once miembros, cuando debería de haber doce (hay ahora siete magistrados progresistas y cuatro conservadores).

PSOE y PNV han votado a favor de una prórroga porque lo ha pedido el parlamento de Baleares, con mayoría de izquierdas. La anterior prórroga fue solicitada por Canarias, con mayoría parlamentaria de izquierdas, también.

En concreto, hasta ahora tan solo cuatro parlamentos autonómicos han hecho sus propuestas para cubrir esa vacante: las comunidades gobernadas por el PSOE (Aragón y Extremadura) han planteado a José Ricardo de Prada y Aurelio Blanco, mientras que las gobernadas por el PP (Andalucía y Galicia) han planteado a Juan Cano y a José Luis Costa Pillado. Sin embargo, tanto Cantabria como la Comunidad de Madrid han renunciado a proponer candidatos.

Esta es la cuarta prórroga decretada por el Senado: el primer plazo se cumplió el 11 de octubre; el segundo, el 12 de diciembre; el tercero, el 14 de febrero; y, el cuarto, este 18 de abril. En las filas del PP han protestado contra este nuevo aplazamiento, pero sus quejas no han sido atendidas por la Mesa del Senado, que quien tiene la potestad para prorrogar o no los plazos. La Mesa del Senado tiene siete miembros y tres son del PSOE, tres del PP y uno del PNV.

De esta manera, el PSOE mantiene la guerra abierta con el PP sobre la composición del TC: cabe recordar que los socialistas trataron de reformar el modo de elección de los miembros del Tribunal de Garantías por la vía urgente y a través de enmiendas a una reforma del Código Penal. Sin embargo, el propio TC frenó la tramitación de esa ley (en una decisión sin precedentes) impulsada por los socialistas, que tenían el afán de apoderarse de un espacio de poder fundamental para su agenda legislativa.

Cabe recordar que el TC dirime todos los recursos contra leyes y decretos que aprueban el Congreso y el Gobierno: sin ir más lejos, recientemente, el TC (con mayoría progresista) ha terminado avalando leyes tan importantes para la izquierda, como la del aborto de 2010 o la reforma educativa de 2020.