El juez Juan Carlos Peinado tomará declaración a lo largo de la mañana de este miércoles hasta a cinco testigos y el último de los imputados en el "caso Begoña Gómez".

Avanzará así en diligencias de la línea de investigación que se centra en si la mujer del presidente del Gobierno se apropió indebidamente un software de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), un extremo de la causa que nació por una querella de Hazte Oír, una de las acusaciones populares.

El instructor interrogará, a partir de las 10:30 horas, a dos de los tres directivos Google y a uno de Minsait que dirigieron la participación de las empresas en el programa informático que se desarrolló para la cátedra extraordinaria que la esposa del presidente del Gobierno codirigía en la UCM.

Y, más tarde, pasadas las 13:30 horas, tomará declaración al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, como único imputado en la pieza separada en que analiza si pudo haber una malversación de caudales públicos en el nombramiento y desempeño de la asesora de Moncloa que hacía gestiones de la vida laboral de Gómez.

Antes, también acudirá al juzgado como testigo de estos hechos el asistente personal de Sánchez Raúl Díaz Solís, que fue señalado como el responsable de Cristina Álvarez en Moncloa.

Miguel Escassi

El director de Relaciones Institucionales de Google, Miguel Escassi, fue identificado por la ex CEO de la compañía, Fuencisla Clemares, como uno de los responsables de que se invirtiesen 110.000 euros en el software.

Escassi, que está vinculado al PSOE, llegó a la tecnológica desde el Ministerio de Economía, donde, en la época de la vicepresidenta Nadia Calviño, ejercía como asesor en materia de Transformación Digital.

Miguel Rodríguez Bueno

El jefe de proyectos de Google, Miguel Rodríguez Bueno, fue el que asumió un rol de dirección en la parte técnica de la elaboración de la plataforma. De igual forma, fue Clemares la que, en su declaración en sede judicial, lo implicó en la toma de decisiones en el proyecto.

Este producto informático lo desarrollaron para la cátedra y la Complutense -como reconoció la que fuera directora general de la multinacional-, pero la universidad nunca puso a su nombre la obra y acabó en una página web propiedad de la mujer del jefe del Ejecutivo. Gómez, además, se registró como titular de una marca que incluye la denominación de la plataforma y el logo.

Luis Abril

Luis Abril llegó a ser el máximo responsable de la extinta Mintsait cuando la filial de Indra ya estaba participando en el desarrollo del software. En aquel momento, como evidencia una adenda presente en el sumario de la causa, no se había llegado a firmar la colaboración de la empresa con la cátedra para llevar a término esta obra.

Según ha podido saber LA RAZÓN de fuentes jurídicas, la clave de su comparecencia está en saber si él fue el que ordenó, tras conocer que no existía, la firma de un documento que reflejase los términos de su involucración. El programa -en el que también participaron Deloitte Making Science y Telefónica- se calcula implicó una inversión total de más de 300.000 euros.

Raúl Díaz Silva

La "sombra" del presidente del Gobierno en su día a día. Ese es, como el mismo dijo en un documental, Raúl Díaz Silva. El asistente personal de Sánchez fue identificado por el ministro Félix Bolaños como el superior directo ante el que respondía la asesora de Moncloa que se encargaba de asuntos profesionales de Gómez.

Es también el que firmó uno de los documentos que llegó al titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Moncloa en el que se explicaba cuáles son las funciones de Álvarez como directora de Programas de Presidencia del Gobierno.

En él, daba cuenta de que la asesora investigada "desempeña tareas de colaboración inmediata, de carácter logístico y organizativo" en el marco de la "atención" a la esposa del presidente.

Una relación profesional sobre la que sacó a relucir en el documento remitido que "predominan notas de afinidad inherentes a la confianza", lo que concuerda con que la propia ella admitió en su declaración como testigo: que era "amiga" de Gómez desde hace años.

Lo que se tratará de dilucidar, con su testimonio, es de dónde partió la propuesta de contratar a Álvarez como alto cargo en el verano de 2018 en que el PSOE recuperó el poder.

El que era entonces "número dos" de la secretaría general de la Presidencia, Alfredo González, fue el que elevó su nombramiento, pero en su testifical alegó desconocer quién lo decidió.

Por su parte, Bolaños, que era en aquella época el secretario general, defendió que tampoco lo sabía y, tras consultarlo, apuntó a Díaz Silva como el encargado del personal que trabaja en el edificio Palacio del complejo presidencial, como es el caso de Álvarez.

Francisco Martín

La pasada semana, el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid decidió imputar por un delito de malversación de fondos públicos a Francisco Martín Aguirre, actual delegado del Ejecutivo en la Comunidad de Madrid.

El juez Peinado tomó esta decisión por haber sido Martín el "superior jerárquico" de la asesora durante el periodo (2021) en que ella ejercía de interlocutora para Gómez con trabajadores de la UCM y hasta una empresa privada.

El ahora delegado era el secretario general de la Presidencia de la que formalmente dependía Álvarez como directora de Programas y le atribuye una presunta responsabilidad en que esta se dedicase a "funciones privadas con cargo a los Presupuestos Generales el Estado".