Rajoy: «Hemos defendido la legalidad con proporcionalidad»

El presidente asegura que no permitirá que se celebre un referéndum «de verdad» ni que se haga una reforma de la Constitución que liquide la soberanía nacional

¡No hubo sorpresas. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, no se mueve y su posición en relación a Cataluña sigue siendo la misma antes y después del 9-N. Con la Constitución, con la ley y un «no» rotundo a abrir un diálogo con el presidente de la Generalitat, Artur Mas, para negociar un referéndum de autodeterminación y hablar de la soberanía nacional. Tres días después de la celebración de la «jornada participativa», en la que Mas se puso al frente de la desobediencia institucional a la suspensión de la consulta por parte del Tribunal Constitucional (TC), Rajoy compareció en La Moncloa con un discurso construido sobre los mismos ejes en los que ha sostenido durante esta Legislatura su posición ante el problema catalán. Un discurso en el que evitó hacer consideraciones jurídicas de ningún tipo, para intentar así salvar la imagen de autonomía de la Fiscalía, afectada por las filtraciones desde las filas de su partido anticipando sus acciones.

En su estrategia el presidente del Gobierno ha hecho caso a los que le aconsejaban que no actuase en caliente y que evitase en todo momento el choque con la movilización ciudadana. El riesgo de medir tanto los tiempos y de esperar a ver el clima de opinión y por dónde van las reacciones de los demás agentes políticos es que, a veces, es imposible que el descontento no afecte a los propios. Para calmar la preocupación y el malestar por lo ocurrido el domingo en Cataluña Rajoy enarboló su compromiso con la ley, al tiempo que replicó a las críticas a su gestión del 9-N con el argumento de que su Gobierno ha optado por el camino de la sensatez y del equilibrio, defendiendo en todo momento la legalidad, pero de una manera proporcionada. «He sido sensato. Hemos defendido la legalidad y hemos hecho los que teníamos que hacer, con proporcionalidad», apostilló, después de recordar sus dos recursos ante el Constitucional. A su favor alegó que su prudencia ha evitado que en la jornada del 9-N se produjeran imágenes que algunos querían, y que hubieran dado la vuelta al mundo. Una afirmación en la que de manera velada parecía que estaba contestado a las quejas porque su Gobierno no impidiera, por ejemplo, que se utilizasen recursos públicos para la consulta ilegal y que se abriesen los colegios electorales. Como recordó, un juez dictaminó el domingo que retirar las urnas no hubiera sido una medida proporcional.

El presidente subrayó que lo que era ilegal antes del 9-N sigue siéndolo hoy, y que, por tanto, se opondrá a una reforma de la Constitución para liquidar la soberanía nacional. También subrayó que Mas no conseguirá ninguna ventaja política de un acto ilegal y de lo que entiende como un «fracaso» de sus promotores. Por tanto, diálogo, sí; pero no para hablar de independencia, sino sobre cuestiones políticas, económicas o sociales que afecten a las necesidades de los catalanes. Rajoy se presentó ayer como el presidente de todos los españoles y de todos los catalanes, de los que se movilizaron en las urnas el domingo, a los que mostró su respeto, y de los otros catalanes que se quedaron en casa. Dos de cada tres, recalcó, en la línea que había apuntado en la víspera la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría. El mensaje del Gobierno pasa también por rebajar el alcance y el significado de la votación del domingo, quitando importancia a la cifra de participantes y sin dejar de destacar que son de parte, sin ningún control democrático. A juicio de Rajoy, la consulta fue «un simulacro electoral» y un «acto de propaganda política». «El proyecto independentista ha mostrado su debilidad. Hay muchos más catalanes que independentistas», sostuvo. Y añadió: «Cataluña es muy plural y el señor Mas no puede llevar a cabo su objetivo sin afectar a la concordia y a la paz social».

En su comparecencia también consideró que Mas está en la política de la imposición y volvió a hacerle la oferta de que coja el camino de la salida legal, como ya le planteó en sus últimas entrevistas. Que tenga la valentía de promover desde el Parlamento de Cataluña un proceso de reforma de la Constitución, y que éste sea sometido a la voluntad del Parlamento de la Nación. «La fórmula legal es plantear una reforma de la Constitución y que todo el mundo la debata». Rajoy dejó ayer en la mesa esta alternativa, con una advertencia al PSOE: él sigue considerando que la reforma constitucional no soluciona el problema catalán, pero si los socialistas quieren insistir por ahí, deben explicarse con claridad y no sacar conejos de la chistera.

De momento, las negociaciones en la sombra con CiU, que Rajoy confirmó, y con interlocutores por su parte como el sociólogo Pedro Arriola, no ofrecen frutos ni impiden que la escenificación en público siga siendo la de un diálogo de sordos con cruce de reproches por medio. Rajoy afeó a Mas que haya dedicado toda esta Legislatura autonómica a gastar recursos públicos y energías en la causa independentista, olvidándose de las necesidades de sus ciudadanos. «Si los gobernantes no son conscientes de que no pueden estar por encima de la ley tenemos un problema», remató.

Tal y como quedan las piezas en el tablero, la sensación es que se está ante un punto de bloqueo sobre el que harán de árbitro las próximas elecciones autonómicas. Para desempatar a favor de Rajoy, con un Parlamento sin mayoría independentista; o, por el contrario, para dejar una Cámara autonómica en la que el nacionalismo se sienta legitimado para presionar con la amenaza de una declaración unilateral de independencia.

Las polémicas

La respuesta del Gobierno

«He hecho lo que había que hacer. La proporcionalidad y la mesura es muy importante en cualquier faceta de la vida». Así resumió Rajoy la estrategia del Gobierno para abordar el desafío catalán. Desde su entorno le aconsejaron que no actuara en caliente y que evitase el enfrentamiento con la movilización ciudadana. En cuanto a las críticas generadas por dilatar su comparecencia hasta 72 horas después, el presidente señaló: «Cada uno tiene su opinión sobre esto».

Sin presiones a los fiscales

El presidente del Gobierno defendió en su comparecencia la independencia del Ministerio Público e insistió en que no ha dado instrucción alguna a la Fiscalía para que intervenga contra los responsables de la Generalitat por participar, o dirigir el «acto de propaganda política». «No he dado ninguna instrucción a la Fiscalía General del Estado en todo el proyecto independentista», destacó. También negó conocer lo que finalmente vaya a hacer el Ministerio Público en relación a las querellas que podrían dirigir contra el Govern. «Créanme que no sé si se va a querellar», respondió.

Arriola negoció

Rajoy reconoció que las negociaciones entre su hombre de confianza, Pedro Arriola, Joan Rigol (CiU) y José Enrique Serrano (PSOE) se celebraron con anterioridad al 9 de noviembre con el fin de evitar que finalmente la consulta se llevara a cabo. «Había una persona en representación del Gobierno y de mí mismo», señaló, al tiempo que lamentó que «las conversaciones no pudieron evitar que se celebrase el referéndum».