El Gobierno avala con condiciones convertir en Bien de Interés Cultural la Pirámide de los Italianos

La Pirámide de los Italianos, el túmulo levantado en 1939 para enterrar a los soldados de Mussolini caídos en la batalla del Puerto del Escudo, está más lejos de perecer ante el paso del tiempo, la desidia y una progresiva vandalización. El Ministerio de la Presidencia «no se opone» a la declaración como BIC (Bien de Interés Cultural) del monumento funerario inaugurado en 1939 en el Valle de Valdebezana (Burgos), pero reclama a la Junta de Castilla y León «aclarar» su titularidad, definir su uso posterior e incluir una mención de reinterpretación que se ajuste a la Ley de Memoria Democrática. El Ejecutivo recuerda su «obligación de alegar» que el artículo 36 de la norma recoge que, «en caso de que concurran razones artísticas o arquitectónicas que obliguen a mantener elementos contrarios a la memoria democrática habrá que incorporar una mención orientada a la reinterpretación» que sea conforme a la ley.

Según el consejero de Cultura de la Junta, Gonzalo Santonja (Vox), finalizado el plazo de presentación, el expediente para la declaración de BIC ha recibido cinco alegaciones, y solo una es contraria a la decisión del Gobierno regional de salvaguardar el conjunto, lo que a su juicio demuestra que el expediente autonómico es «solvente».

De esas alegaciones, tres han sido favorables a la protección, y corresponden al senador Roberto Menia, del partido Hermanos de Italia, compartido con la Asociación Reivindicativa de la Memoria Histórica Raíces; a un particular y al grupo de Ciudadanos en el Valle de Valdebezana. Hay una única alegación contraria, de un particular, que en un par de líneas rechaza la intención de Cultura de proteger la pirámide. Y además está el documento del Ministerio de la Presidencia, firmado por el secretario del departamento de Memoria Democrática, «que no se opone» a la declaración de BIC, pero pone sus condiciones. Así, Presidencia reclama que se «aclare la titularidad» del bien, una «condición insoslayable para seguir adelante con el procedimiento», que el propio Santonja «tiene claro que hay que poner por escrito», según declaraciones recogidas por Efe.

Respecto a la titularidad, los terrenos revirtieron a la Hermandad de la Ribera, una sociedad de ganaderos, que habría recuperado el terreno en 1975, una vez Italia repatrió la mayoría de los cuerpos, aunque aún hay pequeños restos en el interior, mientras que algunos se enviaron al Sacrario Militare Italiano de la Iglesia de San Antonio de Padua, en Zaragoza, pese a que la carta del senador Menia alega que el lugar «pertenece en propiedad a la República de Italia».

La Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica, que en febrero de 2022 dirigió un escrito a la Consejería de Cultura para justificar la protección del mausoleo, considera que «es una cuestión en la que el Estado no tiene que meterse; no se dirime la propiedad, esto le es absolutamente ajeno, porque aclarar quién es el propietario de un bien no es de su competencia». Y en cuanto al uso, «será el que determine la Junta; ahora se va a declarar como BIC, y entendemos que se va a restaurar para darle el uso oportuno, de lo que se informará en su momento: es una injerencia fuera de lugar». Tampoco cree que «la reinterpretación sea de su ámbito, y no se va a determinar ahora».

Acerca del destino final de la pirámide, «es evidente que tendremos que hablar en su momento, tomar una decisión consensuada» con los ayuntamientos de la zona, ha manifestado por su parte Santonja, pero insistiendo en que «ahora se está en otras fases» y «no tiene sentido» hablar de su uso sino de la declaración de BIC. El consejero de Vox insiste en que, a este respecto, «no hay oposición» del Gobierno central al expediente de protección, pues el escrito recibido del área de Memoria Democrática indica que, «aclarada» la cuestión de la titularidad ,«no tiene objeción a que se declare el estatuto de protección que pudiera corresponder al inmueble», cuyo estado es de un severo deterioro y amenaza ruina.

Gonzalo Santonja considera que este documento demuestra que el expediente se hizo «con muchísima solvencia», así que sigue adelante su tramitación, de modo que el siguiente paso a desarrollar es resolver las alegaciones.

Junto al documento del Gobierno, y al del particular contrario a la protección, los que avalan la iniciativa autonómica corresponden al senador del partido de Giorgia Meloni, compartido con la Asociación Reivindicativa de la Memoria Histórica Raíces, pero hay otro informe «muy interesante» de un particular, con fotografías novedosas; y el informe del grupo de Ciudadanos en el Valle de Valdebezana, que está «muy bien articulado».

El consejero ha indicado que cuentan con un plazo de 24 meses para resolver las alegaciones, a contar a partir de la incoación del expediente de protección el 21 de febrero pasado, pero ha asegurado que «no van a agotar el plazo, lo van a resolver mucho antes».

En cuanto a la protección del Águila de Sagardía, monumento situado en Cilleruelo de Bricia (Burgos) y señalado por la Ley de Memoria, Santonja ha explicado que «está en fase de estudio» y «recibiendo los informes pertinentes», sobre los que se tomará la decisión oportuna.