El viernes se sabrá cómo aforar al Rey

El Gobierno concretará por fin este viernes la decisión que ha adoptado para regular la situación jurídica de Su Majestad el Rey Don Juan Carlos, una vez que hoy pierda la inviolabilidad que le reconoce la Constitución con su firma solemne de la Ley de Abdicación en el Palacio Real de Madrid.

De las tres posibilidades que ha manejado –ley orgánica específica, proposición de ley parlamentaria o enmienda a la reforma parcial de la Ley Orgánica del Poder Judicial–, ya hay una marcada en la agenda legislativa, según confirmaron fuentes solventes a este periódico. Una decisión que tiene que lidiar con la necesaria negociación con el todavía hoy secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba.

El pacto parecía de entrada más sencillo, pero la crisis interna de los socialistas es un elemento que no facilita el consenso que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el líder de la oposición sellaron sin más problema en relación a la ley orgánica que hace efectiva la abdicación de Don Juan Carlos.

Desde el momento en el que se conoció la decisión del Monarca de ceder el trono al Príncipe de Asturias, en su mensaje, el Gobierno siempre ha dejado claro que era partidario de que esta cuestión se resolviese con rapidez y diligencia para cerrar la sucesión y el debate sobre la Monarquía preservando la estabilidad institucional.

Oficialmente no se ha atado la mano con fechas, pero su posición ha quedado clara desde el principio: considera necesario promover ese aforamiento, y cuanto antes se resuelva la protección jurídica de Don Juan Carlos, mejor, para evitar que «aquellos que tienen ganas de montar líos empiecen a inundar los tribunales ordinarios de demandas condenadas a no prosperar, pero que servirían de caldo para agitar el debate público y dañar su imagen». Se trata, de esa forma, de evitar que Don Juan Carlos pueda encontrarse en una especie de «limbo judicial» durante un largo tiempo.

En ese sentido, en Moncloa han analizado la posibilidad de una ley orgánica ad hoc y hasta la de una proposición de ley parlamentaria, presentada por el Grupo Popular o incluso de forma conjunto con el PSOE, si hubiera habido el acuerdo necesario para hacerlo.

Pero también han valorado muy seriamente la posibilidad de presentar una enmienda a la Ley de Racionalización del Sector Público, que supone una modificación parcial de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Esto va en la línea de lo que propugnó hace unos días el presidente del Tribunal Supremo (TS) y presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, cuando sugirió que se podría utilizar una vía de urgencia para aforar a Don Juan Carlos haciendo una reforma parcial de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que podría estar aprobada «en unas semanas».

Precisamente ayer el Grupo Popular solicitó por la mañana en el Congreso de los Diputados la ampliación hasta el próximo viernes, a las ocho de la tarde, del plazo de presentación de enmiendas a la citada reforma parcial de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Como los populares tienen mayoría absoluta en la Cámara, esta petición es aceptada de manera automática, sin necesidad del apoyo de ningún otro grupo parlamentario.

Y esta decisión deja la puerta abierta a que el PP pueda utilizar esa vía para presentar una enmienda sobre el aforamiento de Don Juan Carlos. Enmienda que la semana siguiente entraría ya en la tramitación parlamentaria.

Debate

Ninguno de los grupos parlamentarios ha presentado una enmienda a la totalidad a la mecionada reforma parcial de la Ley Orgánica del Poder Judicial, por lo que sólo se debatirán las enmiendas al articulado que se presenten hasta el viernes, una vez que el Ejecutivo decidió ampliar el plazo para ello.

Esta ampliación es lo que hace que sea la opción «más lógica y más posible de las que se barajan» que sea, a través de esa vía, donde se incluya una enmienda relativa al aforamiento de Don Juan Carlos.

Al tratarse de la reforma de una ley orgánica, se exige que las propuestas a la misma, ya sea a la totalidad o vía enmiendas, como será en este caso, se tenga que debatir tanto en la Comisión de Justicia como en el Pleno del Congreso. Entre ambos debates deben transcurrir 48 horas.

De esta forma, según las fuentes consultadas por este periódico, el debate en Comisión podría tener lugar el próximo martes, mientras que el jueves, dos días después, sería en el Pleno del Congreso. Dada la mayoría absoluta del PP, la enmienda saldrá adelante, con independencia de la postura que adopten el resto de grupos, aunque a buen seguro que la propuesta de aforamiento de Don Juan Carlos contará con el aval de un respaldo muy mayoritario.

Una vez que cuente con el respaldo del Congreso, corresponderá el turno al Senado. En las leyes que se tramitan vía urgencia, el plazo para que se debata en la Cámara Alta suele ser una semana. En este caso no es así, ya que su tramitación es ordinaria, por lo que ese plazo se ampliaría a dos semanas. Sin embargo, también es viable que se pueda utilizar la vía urgente.

Una vez que el Senado apruebe también esa enmienda, que aforará a Don Juan Carlos ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, y dado que, por la mayoría absoluta con que cuenta el PP, no se prevé que sufra ninguna modificación, no será necesario que vuelva nuevamente al Congreso , por lo que será aprobada definitivamente y sólo restará su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Desde entonces, entrará en vigor y Don Juan Carlos contará con la seguridad jurídica necesaria. «En dos o tres semanas como máximo puede estar aprobado el aforamiento», señalaron al respecto las fuentes consultadas.

Margen de negociación

Como se ha citado arriba, sobre la mesa de trabajo del Gobierno ha habido todo un abanico de fórmulas y también ha estado el debate sobre el alcance de esta protección jurídica de Don Juan Carlos. No porque haya dudas al respecto, sino para ampliar el margen de negociación con el principal partido de la oposición. En el seno del Ejecutivo entienden que la protección debe ser «rigurosa», aunque sin que se interprete como un privilegio con respecto a otras altas autoridades del Estado. Y alegan como razón que Don Juan Carlos seguirá teniendo una representación institucional en la medida en que mantiene el tratamiento de Rey.

La discreción se ha impuesto en la gestión de este delicado asunto, aunque los plazos apremian porque pueden llegar a verse afectados por la elección del nuevo líder socialista. Una hipótesis que el Gobierno ha querido evitar a toda costa. El jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, está firmemente convencido de que esta decisión sobre la protección jurídica del Rey saliente requiere el acuerdo con el PSOE porque afecta a la piedra de bóveda de nuestro modelo de Monarquía Parlamentaria y que, por ello, no puede estar sujeta al vaivén político ni a la lógica de la alternancia en el Gobierno de la Nación. Esto convierte en un condicionante clave la necesidad de que «el PSOE se aclare». Y esto no es fácil cuando la presión de la izquierda más a la izquierda pesa como una losa sobre el debate sucesorio del PSOE y sobre las dos corrientes que se están señalando por encima de las demás alternativas a Rubalcaba, la de Pedro Sánchez, más moderada, y la de Eduardo Madina, que juega más a inclinarse hacia la izquierda y a romper con algunos postulados básicos en la doctrina esencial del PSOE.

Ayer, Rajoy destacó la «transparencia y normalidad» con que se está concretando la sucesión en la Corona. «Es la mejor prueba de la solidez de nuestras instituciones y del consenso social alrededor de nuestra Constitución», explicó.

El presidente se refirió al relevo en la jefatura del Estado, que se hará efectivo el jueves, en su intervención en la presentación del presidente de Cantabria, Ignacio Diego, en un desayuno informativo organizado en Madrid por Europa Press. En su opinión, esta semana, en la que Don Juan Carlos entrega el testigo a Felipe VI, es especial para todos los españoles porque van a poder volver a dar muestra de su madurez y responsabilidad. «Los españoles nos reafirmamos en nuestra apuesta por la estabilidad y los vínculos y los símbolos que a todos nos unen en solidaridad y concordia».