Rovira apunta a Puigdemont por el 1-O

Los número dos de ERC declara en el Supremo que pidió al ex president suspender la votación.

Marta Rovira, secretaria general de ERC, responsabilizó ayer al fugado ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont de haberse celebrado finalmente el referéndum ilegal del 1-O, pese a que ella le solicitó que lo paralizase a la vista de los hechos violentos que se estaban produciendo. Eso sí, la petición se la formuló cuando los centros de enseñanzas y locales públicos llevaban ya cuatro horas abiertos.

Puigemont se negó en redondo a esa petición y fue quien decidió que continuase adelante con las votaciones. Su argumento fue que acceder a la solicitud de la número 2 de ERC lo único que provocaría sería empeorar la situación, toda vez que había una multitud de persona en los «colegios electorales» para votar y cerrarlos podría agravar la violencia que se vivía en algunas zonas. Esa solicitud la hizo, según aseguró en su declaración, en una reunión que convocó el propio Puigdemont en la sede de la Generalitat, en la que participaron dirigentes de la CUP, de Junts pel Sí (coalición que entonces estaba formada por ERC y PDeCAT) y miembros del propio Govern catalán.

Este fue uno de los argumentos principales que esgrimió Marta Rovira ante el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, quien, al finalizar su comparecencia le impuso, tal como solicitó la Fiscalía, una fianza de 60.000 euros para que continuase en libertad, una cantidad que deberá pagar en un plazo que hoy fijará el instructor del «procés» –la acción popular, ejercida por Vox, pidió su ingreso en prisión provisional–. El Ministerio Público considera que los datos existentes en la causa acreditan, al menos indiciariamente, que tuvo una participación «muy activa» en los hechos investigados, «mucho más que otros» que han declarado como imputados.

Durante su comparecencia, Rovira –quien estuvo arropada por algo más de un centenar de personas, entre ellas la portavoz de ERC, Joan Tardá, y el diputado Gabriel Rufián– intentó desligarse en todo momento de cualquier aspecto relacionado con la celebración del referéndum, al asegurar que no tenía capacidad alguna de decisión al respecto, aunque optó por el silencio cuando se le interrogó por los responsables en esa materia. En cambio, sí puso especial énfasis en defender los derechos de los diputados en el Parlament, tanto su capacidad de votar como el ejercicio de su trabajo como parlamentarios en representación de los catalanes. Y, en esta línea, aseguró que, en su opinión, tanto la Constitución española como el Derecho Internacional posibilitan «que el pueblo catalán pueda ser consultado». Lo que no explicó fue sí para realizar esa consulta se debía seguir los pasos previstos por la propia Carta Magna, y, a la vez, quiso dejar claro que no participó ni fue ponente ni portavoz en la redacción de la Ley de Transitoriedad ni de la del Referéndum.

Por su parte, Marta Pascal, coordinadora del PDeCAT, negó cualquier validez jurídica a la Declaración Unilateral de Independencia, a la vez que no recordó ninguna de las reuniones en las que, presuntamente, participó sobre la «hoja de ruta», según se recoge en la agenda incautada a Josep María Jové.

La acción popular destacó, precisamente, la «amnesia selectiva» de ambas, pese a lo cual «ha quedado acreditado que sabían que el referéndum no tenía cobertura legal», afirmó el abogado Javier Fernández.