Política

Memoria histórica

Sánchez no exhumará a Franco este año

Nuevo retraso a la medida estrella del Gobierno. Las enmiendas a la Ley de Memoria Histórica para vetar La Almudena dilatan el proceso

El Valle de los Caídos / Efe
El Valle de los Caídos / Efelarazon

Nuevo retraso a la medida estrella del Gobierno. Las enmiendas a la Ley de Memoria Histórica para vetar La Almudena dilatan el proceso. Pedro Sánchez reconoce que la exhumación podría producirse en enero.

El calendario vuelve a jugar en contra del Gobierno en la carrera contrarreloj para acometer su medida estrella. La exhumación de Francisco Franco nació prácticamente viciada de origen. La precipitación con la que se anunció no previó los contratiempos sobrevenidos que podía acarrear la oposición frontal de la familia, cuyo beneplácito no se granjeó el Ejecutivo antes de poner en marcha la maquinaria necesaria para el traslado de los restos. Desde aquella frase de Pedro Sánchez en junio en el patio del Congreso de los Diputados, cuando anunció a los periodistas en una conversación informal que la exhumación «os pillará trabajando», en alusión a que se materializaría antes del descanso estival, han pasado ya casi cinco meses en los que la improvisación ha ido guiando el devenir de un Gobierno que encontraba trabas a cada paso que daba hacia la salida de los restos del Valle de los Caídos. Finalmente Moncloa aprobó en el Consejo de Ministros del 24 de agosto el inicio del proceso para exhumar a Franco y en aquella rueda de prensa la vicepresidenta Carmen Calvo aseguró que ésta se produciría «antes de final de año». Tampoco este compromiso se podrá cumplir y el Ejecutivo ya asume que hasta 2019 los restos del dictador se mantendrán en su actual enclave. Y así lo ha confirmado

hoy el presidente del Gobierno durante su rueda de prensa en Moncloa donde ha dejado entrever que la exhumación de los restos de Franco podría realizarse en enero del año que viene. Eso sí, ha querido dejar claro que bajo ningún concepto permitirá que exista un mausoleo del dictador.

Con la exhumación prácticamente encarrilada, es el destino final de los restos lo que ha ralentizado el proceso. En Moncloa no quieren que se trasladen al espacio privado que la familia posee en la parroquia aneja a la catedral de la Almudena y para evitarlo, el PSOE presentará la próxima semana enmiendas a la Ley de Memoria Histórica que se encuentra en tramitación en el Congreso. Se prevé que incluyan la prohibición, bajo amenaza de cierre, de aquellos centros de culto en los que se den episodios de enaltecimiento o exaltación del franquismo. Fuentes gubernamentales apuntan a la «generalidad» de la redacción, aunque la advertencia está expresamente dirigida a la Iglesia para blindar la catedral de Madrid. En este asunto el Gobierno ha transitado por varias fases, pasando de reconocer que «no había margen» para evitar la inhumación en la Almudena a advertir que con la Ley de Memoria Histórica era suficiente para vetarlo y, puntualizar después, que esta legislación necesitaría una modificación para poder hacerlo efectivo. Este nuevo y último cambio de criterio es lo que ha hecho saltar por los aires las previsiones con las que trabajaba el Ejecutivo que, hasta hace una semana, seguía manteniendo su compromiso de exhumar a Franco antes de fin de año.

No obstante, la tramitación parlamentaria de las enmiendas y posterior aprobación de la renovada Ley de Memoria Histórica en la que el Gobierno necesita apoyarse no se resolverá en los escasos dos meses que restan para agotar 2018. Aunque la ley se está tramitando por el trámite de urgencia, el Gobierno está en manos de PP y Ciudadanos que controlan la mesa del Congreso y pueden prorrogar sine die el plazo de enmiendas para bloquear su aprobación. Acelerando al máximo los tiempos y en caso de que el plazo de enmiendas se cerrara la próxima semana, se requiere el dictamen de una ponencia parlamentaria que posteriormente reciba el plácet de la comisión de Justicia. Después el proyecto de ley iría al Senado, que tendrá 20 días para pronunciarse, y de nuevo volvería al Congreso donde la comisión de Justicia le daría el visto bueno definitivo. Esto hace que los cálculos se dilaten al menos hasta 2019.