Sánchez quiere que las Cortes ya disueltas convaliden sus decretos

El Gobierno apurará los plazos y llevará medidas a la Diputación Permanente, en plena precampaña del 28-A.

La portavoz del PSOE en el Congreso reconoció ayer que «hay poco tiempo» para que el Gobierno pueda llevar al Parlamento algunos de los decretos que tiene pendientes de aprobar. El 5 de marzo el Congreso y el Senado quedarán disueltos. A partir de entonces, quedará articulada la Diputación Permanente y el Ejecutivo socialista no descarta llevar a este órgano algunas de sus medidas.

El propio Sánchez reconoció hace unos días que su gabinete aprobará en las próximas dos semanas dos de los compromisos que quedaron en el aire tras el rechazo a sus presupuestos: el subsidio para los desempleados mayores de 52 años y de larga duración y la cotización a la Seguridad Social de los cuidadores no profesionales de personas dependientes.

Ambas cuestiones llegarán al Parlamento en forma de decreto y, con el calendario en la mano, lo más probable es que sea la Diputación Permanente la que los someta a debate para su convalidación o su rechazo, habida cuenta que tienen una validez de un mes. Desde el PP censuran esta intención de Moncloa. Desde Podemos, lo ven «legítimo» pero «de cuestionable rigor parlamentario».

¿Han utilizado los predecesores de Sánchez este órgano para aprobar decretos? Sí, con matices. Entre todas las legislaturas se han aprobado 35 en este contexto. En la mayoría de las ocasiones en las que los jefes del Ejecutivo han recurrido a este extremo ha sido para aprobar fondos a regiones afectadas por desastres y catástrofes naturales, como incendios, inundaciones o situaciones de sequía. Otro grupo importante de reales de decretos se refieren a pagos o cuestiones presupuestarias. Hay excepciones, pocas, que avalan los planes de Sánchez.

Aznar, por ejemplo, convalidó uno en 2000 que contenía medidas de mejora de la protección familiar de la Seguridad Social. Felipe González fue el que más aprobó: un total de 16. El reglamento lo permite, ya que establece que la Diputación Permanente asuma «todas las facultades que en relación con los decretos-leyes atribuye al Congreso».