El Gobierno de Pedro Sánchez ha vuelto a fracasar en sus intentos de que el catalán, el euskera y el gallego sean reconocidas como lenguas oficiales de la UE. Las reticencias de varios países, que han solicitado nuevas aclaraciones, han propiciado que finalmente la presidencia danesa haya decidido que este tema ni siquera pasara a votación. Se ha vivido una situación muy parecida a la del mes de mayo cuando las dudas tanto jurídicas como económicas de una decena de países hicieron que la entonces presidencia polaca decidiera posponer la votación.

España era consciente, una vez más, de la dificultad de sacar adelante esta propuesta. A su entrada a la reunión, el secretario de Estado de la Unión Europea, Fernando Sampedro, había pedido al resto de los socios no “secuestrar o retrasar innecesariamente” esta petición española.

Antes de que comenzase este encuentro de los ministros de Asuntos Generales de los Veintisiete, Polonia y Dinamarca habían vuelto a subrayar que siguen existiendo “muchas dudas” sobre las implicaciones de esta medida. Hasta el momento, ninguna lengua que no sea oficial en todo el territorio de un país europeo ha conseguido este reconocimiento. La última lengua minoritaria en conseguir este estatus fue el gaélico, que es oficial en todo la isla de Irlanda. Los representantes de Austria y Luxemburgo también se habían expresado en términos parecidos sobre los interrogantes que les suscita esta medida.

Concretamente, los expertos legales del Consejo aseguran que los Tratados europeos no fueron redactados originamente en ninguna de estas lenguas cooficiales, aunque posteriormente España los ha traducido en virtud a un artículo del Tratado de Lisboa. Esto hace que el reconocimiento del catalán, el gallego y el euskera sea contrario a los tratados europeos. La delegación española, sin embargo, mantiene que el criterio de los servicios jurídicos no es vinculante y que la última palabra corresponde al Tribunal de Justicia de la UE. En cuanto al gasto, España se ha comprometido a pagar esta factura de manera íntegra pero varios países dudan de que esta promesa se pueda mantener si se produce un cambio de Gobierno.

La primera vez que España solicitó este reconocimiento fue en septiembre de 2023, precisamente cuando nuestro país ostentaba la presidencia europea. El Gobierno decidió impulsar esta iniciativa, ya que fue una de las condiciones impuestas por el líder independentista Carles Puigdemont para apoyar la investidura de Pedro Sánchez.

Desde entonces, no se han producido apenas progresos aunque ésta ha sido la séptima vez que este tema ha sido tratado en el Consejo de Asuntos Generales.