
Investigación
La sombra de las irregularidades tras el jefe de la Agencia Española de Protección de Datos
Si ya fue polémico su nombramiento, ahora se coloca bajo la lupa un proyecto que dirigió Lorenzo Cotino con Google por exceso de presupuesto

La llegada de Lorenzo Cotino a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), a principios del pasado mes de marzo, ya estuvo envuelta en la polémica. El que fue propuesto por el Gobierno para ser su número dos en un inicio, Antonio Troncoso, tuvo que renunciar y envió una dura carta al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, a la que ha tenido acceso LA RAZÓN, en que le advertía de presuntas irregularidades.
La principal, que se había propuesto a Cotino, por delante suya, sin que este tenga experiencia alguna en la dirección de organismos públicos. Además de que en el proceso de valoración de la candidatura de Cotino frente a la suya, para encabezar el organismo público que vela por la salvaguarda de la información privada de los ciudadanos, se equiparaba esta trayectoria, que incluye más de nueve años como director de la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid, con «la gestión universitaria de proyectos de investigación y contratos» con administraciones públicas.
También denunció que, como justificación para que encuadrase en este requisito, se había comparado su participación durante 16 años en consejos de protección de datos personales con la de Cotino en otros consejos de «otra naturaleza», como los de transparencia.
Fuentes que conocieron a Cotino en la época de su anterior cargo, como directivo del Observatorio del Impacto Social y Ético de la IA (OdiseIA), trasladan a LA RAZÓN la posible existencia de un conflicto de intereses por una aportación de Google a un proyecto conjunto en el que les genera suspicacia la manera en que se distribuyó el presupuesto.
Fundamentalmente, porque Cotino y los otros tres responsables del proyecto se habrían llevado, en base a la documentación conocida por este diario, un total de 360.000 euros –una media de 90.000 euros cada uno– lo que, en relación al mercado, es un montante muy superior al que como percentil alto se percibe en nuestro país por labores de dirección de proyectos (o, como se suele llamar, de «project manager»), que se coloca en los 50.000 euros.
Mientras que los investigadores de OdiseaIA participantes en el estudio percibieron un total de 5.000 euros. Lo que significa que lo destinado Cotino y al resto de coordinadores es superior a lo que se invertirá en abonar el trabajo de los 64 miembros que hicieron posible el proyecto, situado aproximadamente en los 320.000 euros.
En un documento interno, conocido por este diario, se alertaba de que, en este caso, se dedicaría el porcentaje de los recursos económicos dedicados a las tareas de dirección suponía el 65% de lo reservado para la investigación en sí. «Tal y como se ha realizado en el pasado y se hace actualmente en otros proyectos en OdiseIA, el ‘management’ (dirección) suele ocupar entre el 10 y el 20% de los trabajos investigadores.
Una parte de la financiación de un millón de euros aportada por Google en la que «ven que se excede con mucho los costes de coordinación» usuales de cualquier proyecto de este tipo y no descartan que pudiera ser coincidente con una administración desleal. De hecho, un miembro del departamento de responsabilidad y ética, apeló en un chat interno a realizar una «reflexión conjunta y consensuada sobre el presupuesto del proyecto Google».
Por otro lado, las fuentes internas consultadas no esconden su sorpresa de que haya sido escogido para ser el máximo responsable de la AEPD y ven en el caso de Moscoso un ejemplo de que el nombramiento ha sido cocinado con intención.
En este sentido, tampoco descartan la posibilidad de un conflicto de intereses en que una persona que ha tenido relación profesional con un gigante tecnológico como Google, y ha cobrado en proyectos financiados por este, acabe dirigiendo la autoridad estatal de control independiente encargada de velar por el cumplimiento de la normativa sobre protección de datos.
Como ejemplo, desde el pasado septiembre la Unión Europa indaga en si incumplió su reglamento (RGDP) para entrar su modelo de IA.
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