La sucesión de Mozo enreda a los vocales del CGPJ a cuatro días del 23J

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tendrá un nuevo presidente interino, el segundo desde la dimisión de Carlos Lesmes en octubre de 2022. La jubilación de Rafael Mozo –que hoy cumple 72 años, edad límite para el ejercicio de la judicatura– dejará vacante esa presidencia interina a apenas cuatro días de las elecciones generales del próximo domingo. Sobre el papel, el sustituto será el vocal de más edad, el conservador Vicente Guilarte, pero su designación ha abierto un debate en el seno de la institución que debe resolverse en el Pleno convocado esta misma mañana (estaba previsto para 24 horas después, pero Mozo lo adelantó para hacerlo coincidir con su despedida).

A propuesta de seis vocales (los progresistas Álvaro Cuesta, Pilar Sepúlveda y Clara Martínez de Careaga y los conservadores Juan Manuel Fernández, Nuria Díaz Abad y Juan Martínez Moya), el Pleno debatirá sobre las «condiciones para el desempeño de la presidencia» del órgano de gobierno de los jueces «por sustitución». La propuesta no solo insta al Pleno a analizar esta cuestión, sino a pronunciarse al respecto. Pero eso es harina de otro costal, pues según las fuentes consultadas la mayoría de los vocales considera que «ahora no toca», por lo que defenderán que la decisión se posponga hasta después del 23J.

El enredo gira en torno al régimen de incompatibilidades: a diferencia de lo que sucedía con Mozo, Guilarte no es miembro de la Comisión Permanente, por lo que puede compatibilizar su condición de vocal con otras actividades: es abogado y catedrático de universidad. De ahí que los vocales que han llevado la propuesta al Pleno quieran esclarecer cuanto antes si debería renunciar a esos desempeños profesionales en caso de que asuma la presidencia interina del Consejo. Y es que el presidente del CGPJ preside a su vez la Comisión Permanente, el núcleo duro de la institución. Pero, ¿también el presidente interino?

"¿Qué pinta ahí Mozo?"

«Ya acordamos las normas con la elección de Mozo. Si Guilarte no quiere, pasa al siguiente de mayor edad», señalan fuentes del Consejo, que insisten en que si acepta la presidencia en funciones no hay necesidad de que los vocales se pronuncien al respecto (mientras siga en funciones, el CGPJ tiene prohibido por ley hacer nombramientos). «Otra cosa es que votemos si puede ser incompatible asumir la presidencia con carácter interino y ejercer en la universidad y tener un despacho», matizan. «Lo mejor sería que no compatibilizara esos cargos», defienden.

Pero incluso en ese caso, algunos vocales consideran que ese debate debería aplazarse hasta que el todavía presidente interino abandone la institución. «¿Qué pinta ahí Mozo? Eso no puede ser», señalan. Si los 16 vocales debaten esa cuestión la próxima semana (ya sin Mozo), serían necesarios nueve votos (mayoría absoluta) para fijar el criterio a seguir.

Por otro lado, subrayan, «las condiciones de ejercicio del cargo vienen impuestas por ley. No podemos imponerlas nosotros».

La presidencia interina de Guilarte –que aún no ha comunicado a sus compañeros si está dispuesto a suceder a Mozo y en qué condiciones– plantea otro problema. La Comisión Permanente está compuesta por cuatro vocales de procedencia judicial y tres juristas, además del presidente. Con la entrada de Guilarte se alteraría ese equilibrio. «Hay que resolver esa controversia, porque nada de esto está previsto en la ley», apuntan.

¿Y si Guilarte decide renunciar? La responsabilidad recaería entonces en el siguiente vocal de mayor edad, el también conservador Wenceslao Olea, quien reclamó en su día al Tribunal Supremo que suspendiera la designación de Mozo al considerarla contraria a la legalidad. Incluso llegó a asegurar a sus compañeros, según las fuentes consultadas, que no aceptaría asumir la presidencia en esas circunstancias.

Tras Olea, el vocal de más edad es el progresista Álvaro Cuesta, que propugnó sin éxito una dimisión en bloque de los vocales para desbloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial, en funciones desde diciembre de 2018 por la falta de acuerdo entre el Gobierno y el PP para su renovación.

El precedente de la sustitución de Lesmes

La dimisión de Carlos Lesmes –tras su baldío ultimátum a los políticos para que procedieran a la renovación del CGPJ– ya marcó el camino para la sustitución interina de su presidente. El Pleno de la institución desoyó entonces la voluntad de Lesmes, que defendió que fuera el magistrado del Tribunal Supremo Francisco Marín (como presidente de Sala más antiguo) quien asumiera también la presidencia del Consejo. Pero la mayoría de los vocales (16 votaron a favor y uno en contra, mientras que la progresista Mar Cabrejas se ausentó del Pleno) optaron por la bicefalia, dejando la presidencia interina en manos de Rafael Mozo. Estos vocales se apoyaron en los precedentes del CGPJ que se inclinaban por cubrir las suplencias del presidente por el vocal de mayor edad. La mayoría del Pleno avaló entonces las condiciones de sustitución –que ahora se aplicarán para elegir al relevo de Mozo–. Entonces, ya dejaron claro que no se trataba de nombramiento alguno, sino de «determinar una mera suplencia» para que el vocal que asuma el cargo en funciones asuma esas funciones «de manera temporal y provisional».

Será por tanto Guilarte quien tenga en su mano la asunción de la presidencia interina (sobre todo si decidiese renunciar a su actividad letrada y docente para despejar cualquier duda sobre posibles incompatibilidades). El vocal conservador no se ha caracterizado por votar en bloque con el sector mayoritario. «Ha ido apartándose de las broncas y ha sabido nadar entre dos aguas», asegura uno de sus compañeros. «Tiene que dar un paso muy importante y es él quien tiene que decidir», apunta otro vocal.