El Supremo y la Audiencia Nacional piden una solución para los abogados de oficio de personas jurídicas

El Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional han avalado ante el Ministerio de Justicia la demanda de los abogados de oficio para que se les abonen sus servicios en los procedimientos penales en los que han tenido que defender a personas jurídicas. A petición del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), han solicitado que se resuelva la problemática generada por la exclusión del pago de este tipo de actuaciones, una situación enquistada desde 2019 y que ha generado una deuda que supera los 30 mil euros.

En sendos acuerdos adoptados por sus respectivas salas de gobierno, el Supremo y la Audiencia se hacen eco de la preocupación trasladada a sus presidentes por el decano madrileño, Eugenio Ribón. Las actuaciones en los procesos penales contra personas jurídicas donde se ha requerido la intervención de los abogados de oficio han quedado fuera de los pagos del Ministerio de Justicia, que no las abona bajo el argumento de que no están contempladas en Ley de Asistencia Jurídica Gratuita vigente desde 1996.

Para la abogacía madrileña, este respaldo institucional supone un hito en el reconocimiento de la labor que desempeñan los letrados, especialmente en la Audiencia Nacional, uno de los órganos judiciales donde más se produce esta problemática. La sala de Gobierno ha pedido a la Subdirección General de Programación Económica del Servicio Público de Justicia que se busque una solución para los abogados de oficio.

Por su parte, la sala de Gobierno del Tribunal Supremo, en un acuerdo del 22 de noviembre, emplazaba al Ministerio de Justicia y al Consejo Estatal de Asistencia Jurídica Gratuita a adoptar las medidas necesarias para resolver estas disfunciones que han surgido por la falta de adecuación de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita al sistema de responsabilidad penal de las personas jurídicas implantado en 2010.

"Es esencial que la legislación refleje la realidad de nuestro sistema de responsabilidad penal y garantice una justa remuneración para aquellos profesionales del derecho que prestan un servicio indispensable para la sociedad", ha expresado Ribón en un comunicado en el que agradece el apoyo de estos órganos jurisdiccionales.