Sevilla

Susana Díaz califica de "disparate"el modelo territorial de nación de naciones de Pablo Iglesias

La presidenta andaluza, en contra del derecho a decidir de Podemos

La presidenta andaluza, Susana Díaz, durante la segunda jornada del debate sobre el estado de la Comunidad/EFE
La presidenta andaluza, Susana Díaz, durante la segunda jornada del debate sobre el estado de la Comunidad/EFElarazon

La presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha preguntado hoy a la "confluencia"de Podemos Andalucía e IULV-CA si comparten el "disparate"del modelo territorial que defendió ayer Pablo Iglesias, "para que quede claro quiénes andan en eso".

Susana Díaz perdió las primarias para liderar el PSOE ante Pedro Sánchez pero la presidenta andaluza no quiere perder el debate sobre el modelo territorial dentro de su partido. Su posición no ha variado en los últimos años. Dentro del PSOE, se remite a la declaración de Granada fijada en 2013 en la que fijó la vía de la reforma constitucional para ahondar en la definición de una España federal. Como jefa del Ejecutivo andaluz, ha señalado en varias ocasiones que estará frente a todos aquellos que defiendan un modelo autonómico «asimétrico» en el que convivan comunidades de primera y segunda categoría.

Díaz afrontó ayer la segunda y última jornada del Debate sobre el Estado de la Comunidad de Andalucía. El Parlamento autonómico fue el escenario elegido para advertir a todos aquellos – dentro o fuera de su partido– que el PSOE andaluz no apoyará una reforma constitucional que consolide una España compuesta por regiones de distintas velocidades. En este caso, el detonante fueron las recientes palabras del líder de Podemos, Pablo Iglesias, que afirmó que en España existen «cuatro nacionalidades que comparten estado», la española, la catalana, la vasca y la gallega. Díaz, que ya ha pasado el ecuador de la legislatura, reprochó el planteamiento de Unidos Podemos de querer volver a la fórmula «en la que había tres autonomías de primera».

«Estoy en absoluto desacuerdo con lo que dijo Iglesias y estaré en desacuerdo lo diga quien lo diga», en un claro aviso a aquellos que dentro de su partido plantean un encaje territorial a la carta para solucionar el desafío independentista en Cataluña.

La presidenta de la Junta procura no entrometerse públicamente en la gestión diaria que hace del PSOE Pedro Sánchez, salvo en la cuestión territorial. Ahí, arropada por su condición de presidenta de Andalucía, no rehuye el debate. Sus mensajes son continuos y los socialistas andaluces siguen con recelo la comisión territorial en el Congreso de los Diputados. Apoyan su constitución pero están a la expectativa de sus avances.

En este sentido, Díaz, en una respuesta al portavoz de su Grupo Parlamentario, Mario Jiménez, sí apuntó que ante un asunto tan trascendente como la cuestión territorial no caben «ropajes ni disfraces ni ponerse de perfil ni silencios tácticos». La rotundidad de sus palabras la acompañó con otro mensaje que volverá a escucharse insistentemente con motivo de las elecciones del próximo mes de diciembre en Cataluña. Está «radicalmente en contra» del derecho a decidir porque supone en la práctica que «sobre aspectos que nos afectan a todos, decidan algunos mientras otros nos quedamos mirando».

Esta oposición va más allá porque, a su juicio, si aceptáramos que una comunidad tenga el derecho a decidir si rompe España, con mucha más naturalidad también se tendría que aceptar «que decida cuánto aporta al conjunto del Estado». El posible pacto fiscal es otro de los puntos con los que el PSOE andaluz no comulga. De hecho, ayer mismo sacó adelante, con el apoyo del resto de los grupos políticos con representación en la Cámara andaluza, una propuesta de resolución para reclamar la reforma «urgente» del sistema de financiación autonómico.

La jefa del Ejecutivo andaluz considera que el sistema de financiación, la convergencia regional y la reforma de la Constitución «se tiene que acordar entre todos los españoles y ahí Andalucía tiene que tener un papel activo y protagonista». Andalucía «no es menos» que Cataluña o País Vasco, ha repetido en alguna ocasión. La «igualdad», dice, no se negocia.