Los jueces y juezas españoles abrieron juicio oral o de procesamiento contra 178 personas por delitos de corrupción pública en la primera mitad del año, con un total de 19 procedimientos. Los procesados fueron 133 personas físicas o particulares y 45 personas jurídicas, es decir, empresas u otro tipo de organizaciones. En total, se dictaron 35 sentencias, de las cuales 17 fueron condenatorias y en dos resoluciones se dictó una condena parcial, es decir, en el 54,3% de las sentencias se condenó a los acusados. Las doce sentencias restantes fueron absolutorias.

Los procedimientos de por corrupción pública tienen como sujetos activos a funcionarios públicos, gobernantes y políticos en el ejercicio de sus cargos, en el marco de los delitos de corrupción que afecta a fondos públicos y abarco tanto la corrupción administrativa como la corrupción política.

Según establece el Código Penal en varios de sus artículos, entre los delitos que se les puede imputar a funcionarios y políticos están los de prevaricación urbanística, prevaricación de funcionarios públicos, infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos, cohecho, tráfico de influencias, fraudes y exacciones ilegales, además de negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y abusos en el ejercicio de su función y receptación y blanqueo de capitales.

Las estadísticas del primer semestre se han obtenido a partir del repositorio de datos sobre procedimientos por corrupción del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que acaba de incorporar la información correspondiente a los meses de abril, mayo y junio de 2023.

En el segundo trimestre se dictó auto de apertura de juicio oral o de procesamiento contra 59 personas en 10 procedimientos por corrupción. De los procesados, once eran personas jurídicas, es decir, empresas u organizaciones, mientras que 48 eran particulares.

Entre el 1 de abril y el 30 de junio de este año, los Juzgados y Tribunales dictaron 20 sentencias en procedimientos por delitos de corrupción. De ellas, 13 fueron condenatorias y 7 fueron absolutorias, lo que supone que el fallo fue condenatorio en el 65% de los casos.