Una ley básica acabará con los «chiringuitos» autonómicos

La controversia sobre el despilfarro en empresas públicas puede tener sus días contados cuando se hagan efectivos los planes en los que trabaja el Gobierno. La comisión que prepara la reforma de las Administraciones Públicas está intensificando su ritmo de trabajo para tener listo el informe con los cambios legales y recomendaciones a finales de junio. Ayer celebró una nueva reunión esta comisión, que dirige la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría.

Entre las propuestas que se ultiman hay una que va directamente contra el núcleo de lo que se ha dado en calificar como «chiringuitos» autonómicos, es decir, ese entramado de entidades y organismos públicos que en muchos casos ha servido para alimentar una red clientelar con un gasto improductivo e innecesario. Hasta ahora el camino elegido ha sido el de la negociación, el de plantear por las buenas a las comunidades que revisen esta estructura y la reduzcan, cumpliendo para ello los compromisos que adoptaron ya en un Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) en 2010, todavía en mandato socialista.

Es verdad que esa maraña de empresas públicas se ha aligerado en el último año, aunque de los 525 entes que deberían haber sido suprimidos en octubre de 2012, sólo 229 estaban efectivamente disueltos. El pasado mes de marzo, Hacienda anunció en otra reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera que las comunidades habían suprimido o estaban en proceso de suprimir hasta 477 empresas públicas, sin alcanzar, por tanto, el objetivo de 525 entes establecido por el Gobierno.

Para completar el proceso, y evitar que se reediten las bolsas de gasto que ahora se quieren eliminar, el Ejecutivo regulará a través de una ley básica, que prima sobre las autonómicas, la tipología de organismos públicos, los criterios a los que tienen que ajustarse y sus obligaciones financieras (aplicación de la Ley de Estabilidad). Todos aquellos entes que no se ajusten a esta tipología y a sus condiciones tendrán que ser suprimidos. Es decir, los gobiernos autonómicos podrán seguir creando empresas y otros organismos públicos, valga también para el caso de las televisiones regionales, pero sólo serán viables si cumplen con el patrón fijado por Madrid.

Un agujero de 10.765 millones de euros

Su número ronda las 1.000 y su deuda es de 10.765 millones de euros. Las empresas públicas autonómicas son otra de esas grietas por las que, como el agua en una canalización de agua defectuosa, se escurren cada año millones de recursos que, ahora más que nunca, los gobiernos regionales echan de menos. En tiempos de bonanza, crecieron a velocidad de vértigo, especialmente en Cataluña. Eso, o los diferentes gobiernos autonómicos catalanes fueron los que peor las gestionaron, porque casi la mitad de la deuda total, 5.351 millones, corresponde a sociedades públicas de esta región, según los datos de finales del pasado año del Banco de España. Muy lejos queda el agujero de las empresas públicas de la Comunidad de Madrid, que son las segundas más endeudadas, con un pasivo de 1.645 millones de euros. En conjunto, el sector público empresarial español acumula una deuda de 53.317 millones, de los que 34.300 corresponden a sociedades dependientes de la Administración central como Adif o Renfe. Las vinculadas a ayuntamientos suman un pasivo de 8.252 millones.