Una ley de tratados regulará los convenios que puedan firmar las CC AA en el exterior

El anteproyecto de la nueva ley de acción exterior inició ayer el trámite de audiencia para que los sindicatos mayoritarios, las comunidades autónomas, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), las asociaciones de funcionarios públicos y todos los órganos constitucionales revisen el texto y puedan hacer sus enmiendas. El próximo lunes recibirán una copia del último borrador que hace una semana recibió el visto bueno del Consejo de Ministros tras una ronda de negociaciones entre ministerios que ha comandado Asuntos Exteriores y que ha durado meses. El Gobierno aspira a que el documento reciba el máximo consenso posible de todos los que tengan algo que decir sobre el funcionamiento del servicio exterior de España. Está previsto que para principios del mes de abril, los cerca de 40 actores consultados comuniquen sus observaciones para la elaboración de un nuevo borrador antes de su vuelta al Consejo de Ministros. Como penúltimo paso, el texto será remitido al Consejo de Estado para su evaluación (no vinculante) y luego será remitido a las Cortes para su tramitación probablemente antes del verano.

El ministro de Exteriores, José Manuel García-Margallo, ha convocado a todos los grupos parlamentarios en el Congreso el próximo miércoles con el objetivo de explicarles la ley, informa Ep. El anteproyecto, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, prevé en sus disposiciones finales la elaboración de una Ley de Tratados en un plazo inferior a seis meses desde la entrada en vigor de la ley. Se trata, según fuentes diplomáticas, de poner «negro sobre blanco» lo que pueden y no pueden firmar las comunidades autónomas en materia de convenios con otros países. En ningún caso, reza el anteproyecto, podrán «celebrar tratados internacionales con otros Estados u organismos internacionales» que generen obligaciones o responsabilidades internacionalmente exigibles al Estado.

La regulación de las oficinas comerciales de las CC AA en el exterior ha sido uno de los aspectos más controvertidos. En un «impulso inicial» motivado por la crisis económica se planteó la prohibición de dichas oficinas para aquellas comunidades que no cumplieran los objetivos del défcit. Finalmente, se insta a los gobiernos autonómicos a informar al Gobierno de su apertura «con carácter previo» para determinar si se adaptan a los principios generales de la estrategia exterior. Sin embargo, la ley no prevé sanciones para el incumplimiento de este punto, aunque éstas podrían ser desarrolladas en un reglamento posterior. Igualmente, los presidentes autonómicos deberán informar a Exteriores de sus planes de viaje al extranjero.