Vivienda, Poder Judicial y un cara a cara Sánchez-Feijóo: Congreso y Senado entran en campaña

El Congreso y el Senado arrancan este martes sus sesiones plenarias con evidentes connotaciones electorales: la Ley de Vivienda del Gobierno y un cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, además de la propuesta legislativa del PP para reformar el sistema de elección de los miembros del gobierno del Poder Judicial, van a marcar las próximas horas en las sedes del Poder Legislativo. Si no hay ningún cambio de última hora, Vivienda entrará en vigor en cuanto obtenga el plácet del Senado y, a partir de ahí, la intención del Gobierno también pasa por explotarla en campaña y tratar de retratar a los gobiernos del PP que se van a negar a aplicarla (gobiernos autonómicos y locales). «La Ley se va a aplicar en todos los territorios de España», ha dicho Sánchez en más de una ocasión, a modo de desafío a los populares.

La Vivienda se ha convertido en un eje de campaña para Sánchez y ha intentado inundarla de anuncios y promesas (50.000 viviendas de la Sareb, 43.000 con fondos de la UE y 20.000 del Sepes). La Ley incorpora medidas de gran impacto, como el tope a los alquileres o las dificultades para desalojar a «okupas» vulnerables, aunque las consecuencias son impredecibles (las experiencias internacionales con ese tipo de medidas concluyen con resultados contraproducentes) para un mercado inmobiliario muy tensionado en determinados rincones de España. Sin embargo, esa ofensiva en materia de vivienda, que trata de ocultar el fiasco porque en cinco años con Sánchez al frente de la presidencia del Gobierno se han encarecido los precios de compraventa y del alquiler, tampoco parece que sea capaz de silenciar la polémica de los 44 etarras incluidos en las listas de Bildu.

En este sentido, el cara a cara de este martes en el Senado entre Sánchez y Feijóo permitirá volver a sacar a la palestra una cuestión muy sensible que ya está condicionando la campaña y que puede tener impacto sobre los resultados electorales. Sánchez tan solo se ha pronunciado una vez para condenar los 44 etarras de Bildu y lo hizo prácticamente forzado por las circunstancias: el viernes, 72 horas después de que estallara la polémica y desde Estados Unidos, tras su encuentro con Joe Biden. Ayer volvió a pronunciarse, pero para cargar contra la derecha por usar este tema en campaña, tal y como ha hecho Bildu.

Las interpelaciones han sido tanto para que exprese de forma contundente su rechazo como para que actúe. Feijóo tendrá este martes la oportunidad de preguntarle por el tema después de que en los últimos días haya estado presionando al PSOE para que mueva ficha y pase de las palabras a la acción (Cuca Gamarra también tendrá oportunidad el miércoles en el Congreso). El presidente de los populares exige al Gobierno que active a la Abogacía del Estado y a la Fiscalía para que impidan que los 44 etarras acaben yendo en las listas. En esa pugna legal, los populares apelan a que el Gobierno aplique la Ley de Partidos; si no es suficiente y no permite excluir a los etarras, Feijóo plantea hacer una modificación legal.

También los populares llevan este martes al Congreso la reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), una condición que han puesto para negociar la renovación de los miembros. Si el PSOE se aviniese y la iniciativa prosperara, podría dar lugar a la recuperación de las conversaciones para renovar el gobierno de los jueces, aunque en las filas populares tampoco han confirmado ese extremo. En concreto, la Cámara Baja debatirá la propuesta legislativa del PP, que busca alinearse con lo que pide la Unión Europea: que los vocales (12 de los 20) de procedencia judicial sean elegidos exclusivamente por los integrantes de la carrera judicial. De esos doce vocales, dos serán magistrados del Tribunal Supremo, tres magistrados con antigüedad superior a 25 años y siete jueces o magistrados sin sujeción a antigüedad. Los otros ocho miembros del turno de juristas serán escogidos por Congreso (4) y Senado (4) por mayoría de tres quintos de la cámara.

En todo caso, se antoja complicado que, en medio de la campaña, la iniciativa pueda salir (lo de este martes es una toma en consideración, es decir, la primera votación para que la ley inicie el trámite parlamentario) por el clima electoral. De hecho, en los últimos días, diputados de uno y otro grupo parlamentario reconocen que la actividad y negociaciones sobre carpetas importantes han quedado frenadas hasta después de las elecciones municipales y autonómicas.