Conductores sin control en Vigo: la Policía Local lleva un mes sin hacer test de drogas por falta de material

La Policía Local de Vigo enfrenta una situación crítica en la detección de conductores bajo influencia de sustancias. Una instrucción interna ha modificado radicalmente los procedimientos habituales de control. Desde finales de agosto, el cuerpo policial ha suspendido las pruebas de drogas de manera sistemática, restringiéndolas únicamente a casos de accidentes graves o situaciones excepcionales con potencial penal. Esta medida afecta directamente los controles rutinarios y las intervenciones donde se observan signos evidentes de consumo.

La instrucción establece un protocolo estricto donde los agentes deben entregar cualquier kit de pruebas disponible a la sección de Atestados, que será la única unidad autorizada para gestionar estos recursos limitados. En el ámbito administrativo, las sanciones por consumo siguen siendo significativas: 1.500 euros y la pérdida de seis puntos del permiso de conducir.

La situación surge por dos factores fundamentales: la escasez física de kits de pruebas y el agotamiento inminente del contrato con el laboratorio de análisis. El municipio destina 16.000 euros a este programa, con un histórico de aproximadamente 400 pruebas anuales y un coste cercano a 40 euros por análisis. El laboratorio puede detectar múltiples sustancias, incluyendo cocaína, cannabis, anfetaminas, opiáceos, benzodiazepinas, metadona, zolpidem y ketamina. Sin embargo, la actual limitación compromete significativamente la capacidad de control.

A la espera de una solución

Los agentes municipales expresan preocupación por la "mala gestión" que ha conducido a esta situación, destacando que cada noche pueden encontrarse con conductores potencialmente bajo efectos de drogas sin poder realizar pruebas rutinarias.

La medida aumenta la dependencia de que las infracciones alcancen suficiente gravedad para tramitarse por vía penal. Queda por definir si el Ayuntamiento encontrará una solución para ampliar o modificar el cupo antes de finalizar 2025. La suspensión de controles genera interrogantes sobre la respuesta administrativa municipal ante un problema que las fuerzas locales consideran recurrente en el ámbito urbano.