
Conflicto
La protección especial dispara un 72% los ataques del lobo en Galicia
La Xunta reclama al Ministerio su retirada de este listado ante el incremento de daños en la ganadería: cada día mueren nueve animales por ataques

Reto Demográfico la retirada del lobo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESRPE). La petición se produce ante el alarmante incremento del 72% en los ataques desde su inclusión en la lista en septiembre de 2021.
Durante la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, la conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, expuso que el número de reses muertas por ataques de lobos ha aumentado en un 57%, pasando de 2.200 en 2020 a más de 3.200 en 2024, lo que supone que "cada día el lobo mata a nueve animales".
Además, la Xunta sostiene que la inclusión del lobo en el LESRPE no respondió a criterios objetivos, sino a razones ideológicas y culturales.
En este sentido, Vázquez recordó que el Comité Permanente del Convenio de Berna del Consejo de Europa ya ha avalado el cambio del estatus internacional del lobo, pasando de "estrictamente protegido" a "protegido", en línea con la postura defendida por Galicia.
Los datos del censo elaborado por la Xunta indican que la población de lobos en la Comunidad se mantiene estable con 93 manadas, lo que refuerza la postura del Gobierno gallego de que su estado no es desfavorable y que su nivel de protección debe revisarse para garantizar un equilibrio con el sector ganadero.
Críticas a la zonificación ambiental
Por otra parte, la conselleira de Medio Ambiente también exigió la rectificación del visor ambiental del Ministerio, que considera el 100% del territorio gallego como zona sensible para la instalación de parques eólicos.
Vázquez denunció que esta clasificación está bloqueando el desarrollo de proyectos de energía renovable en Galicia y que, además, está siendo utilizada por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) para suspender autorizaciones ambientales, afectando actualmente a 77 de los 92 proyectos eólicos paralizados por la vía judicial.
La Xunta argumenta que el 78% del territorio gallego ya no es apto para la instalación de parques eólicos según sus propios criterios de zonificación y que la herramienta del Ministerio, que debía ser meramente orientativa, está interfiriendo en el avance de la descarbonización y la neutralidad climática en la Comunidad.
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