Una de las críticas más absurdas, injustas y falaces que recaen sobre las monarquías europeas es el de sus supuestos elevados presupuestos, del coste excesivo de sus pompas, del gasto innecesario de hipotéticos oropeles. Sin embargo, pompas, las justas, y no más que en la mayoría de repúblicas. Los gastos -a similar volumen del Estado- son, en general, superiores en las repúblicas, que curiosamente no sufren ese ya exasperante denuesto reservado a las monarquías que algunos poco avisados o malintencionados consideran anacrónicas, cuando, en realidad, se disfrutan en Europa en diez de los más modernos, civilizados y prósperos países.

Sin embargo, pocos se han tomado la molestia de indagar sobre esos atribuidos derroches y mucho menos de compararlos con los costes de las jefaturas de Estado de países con regímenes republicanos. La presidencia de Alemania tiene un presupuesto que ronda los 20 millones al año, más de 100 millones cuesta en Francia y unos 225 millones en Italia. Ahora bien: ¿se trata de dispendios ilógicos e improcedentes a fondo perdido? ¿O son, más bien, gastos necesarios para la función que los monarcas -y los demás jefes de Estado- desempeñan, incluida la alta representación interior y exterior que ejercen? No me cabe duda de que son imprescindibles para el correcto ejercicio de sus labores y un justo pago por su difícil y compleja responsabilidad.

En Inglaterra, desde que, en 1697, en tiempos de Guillermo III, se creara la lista civil su monto, que se contaba en 700.000 libras, no cambió hasta que ascendió al trono el rey Jorge III de la Gran Bretaña e Irlanda en 1760. Los costes de transporte o seguridad de la Real Familia, así como el mantenimiento de sus propiedades, eran pagados por desembolsos específicos provenientes de diversos departamentos gubernamentales. La lista civil fue abolida en 2011, justo el mismo año en que, en Marruecos, se modificó el art. 45 de su constitución para afirmar que el Rey debe tener una lista civil.

En 2012, en el Reino Unido, el «Crown Estate» -conjunto de tierras y propiedades que no son ni del gobierno ni del patrimonio privado del monarca, sino una especie de corporación unipersonal recibidos por la Corona y entregados al Estado- entregó 240,2 millones de libras y de esa cantidad, según el nuevo sistema, denominado «the Sovereign’s Grant», el monarca empezó a recibir el 15%. Evidentemente ese dinero proviene de los impuestos y se usa para mantener la Casa del Rey, su personal, los viajes y gastos esenciales del monarca. Su seguridad es responsabilidad del Ministerio del Interior -el «Home Office»- y la policía. Anteriormente el Parlamento aportaba anualidades a los miembros de la Familia Real con funciones de representación. A partir de 2012 es el propio monarca quien se ocupa de esos pagos desde sus fondos privados.

Naturalmente todas las jefaturas de Estado, sean estas encabezadas por monarcas o por presidentes, requieren de un presupuesto que corra con los siempre elevados gastos que sus también elevadas funciones requieren. Cualquier institución del Estado cuesta dinero y la monarquía no es una excepción. Además, para lo que Lisón Tolosana llama la dignitas del trono, esto es, del rey, cualidad que singulariza a una única persona y es inseparable e inmanente a la realeza, se requieren ciertos medios. Estoy con él cuando afirma que la singularidad del officium real ennoblece, por participación, al reino entero de un modo muy diferente -por su propia carga histórica- al que pueda producir un presidente de república. El monarca, además, no ejerce un trabajo al uso, sino una sacrificada función que se suele prolongar más allá de la habitual edad de jubilación del resto de los mortales.

Con 8,34 millones, España

De lo que no cabe ninguna duda es que la Casa del Rey y la Corona Española en general, es la menos costosa para la nación de todas las europeas. En 2023 el presupuesto de la Corona fue en España de 8,43 millones de euros, de los que el 6,4% corresponde al salario de los monarcas, incluida la reina Doña Sofía. Pero no reciben nada de ese presupuesto ni las hermanas de Don Felipe VI, ni el rey Don Juan Carlos, ni la Princesa de Asturias ni la infanta Doña Sofía.

A la monarquía española le siguen en presupuesto anual las de Bélgica con 12,5 millones, Suecia con unos 13, Luxemburgo con 19,2, Dinamarca con 20, Noruega con unos 30, Mónaco con 48 y Holanda con 75. Desde luego la citada monarquía británica, con unos 102 millones de presupuesto, es la más cara de Europa, pero es también -sin lugar a dudas- la que más dinero atrae por turismo, actos y celebraciones varias. Además, Carlos III y el Príncipe de Gales reciben unos 45 millones procedentes de los ingresos privados de los Ducados de Lancaster y Cornualles.

En España, la normativa sobre regalos a favor de los miembros de la Familia Real, de 1 de enero de 2015, es sumamente estricta y se inspira en el art. 26.2b, 6º, de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. Así, los miembros de la Familia Real no aceptan para sí regalos que superen los usos habituales, sociales o de cortesía, ni aceptan favores o servicios en condiciones ventajosas que puedan condicionar el desarrollo de sus funciones. Ni tampoco regalos que, por su alto valor económico, finalidad o interés comercial y publicitario, o por la propia naturaleza del obsequio puedan comprometer la dignidad de las funciones institucionales que tengan. Los obsequios de carácter institucional se incorporan al Patrimonio Nacional.

Si hablamos de las herencias, las procedentes de personas que no tengan relación con la Familia Real Española podrán aceptarse pero deben incorporarse al Patrimonio Nacional o entregarse a instituciones públicas o entidades sin ánimo de lucro para la consecución de fines de interés general, salvo que las disposiciones incluyan un destino o finalidad específico cuyo cumplimiento se requiera para su aceptación.